La Junta de Castilla y León exigió hoy al Gobierno que “cumpla las sentencias judiciales y devuelva al Archivo de Salamanca todo lo que ha salido” y reiteró su “disconformidad” por el traslado a Cataluña de 20.000 nuevos documentos, según señaló el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. 

El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior visitó hoy el Archivo Histórico de Salamanca y recordó que “es esencial”, no solo para Castilla y León sino también para la Unesco, organismo que, según recordó, "se encarga de gestionar estos asuntos”. En este punto, Igea citó un documento que atribuyó a dicha organización y que, en sus palabras "reconoce su acuerdo sobre la unidad de estos documentos para conservar la Historia”.

Asimismo, Igea opinó que la división de estos documentos, relacionados con la Guerra Civil Española, “va en contra de la preservación de las víctimas”, recordando que su Consejería tiene además las competencias en Memoria Histórica. “Que el Archivo no se desmiembre es esencial para quien quiera conocer la historia de este país”. En este sentido, reveló que, durante su viaje a Salamanca, visitó una exposición sobre “propaganda e historia” en el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en la capital del Tormes. “En estos tiempos de polarización y sectarismo es muy importante diferenciar ambos conceptos”, matizó el portavoz de la Junta.

“Estamos muy preocupados por esto y esperamos que las gestiones del consejero de Cultura logren que el Ministerio cese en esta actitud y devuelva al Archivo lo que las sentencias judiciales dicen que tiene que ser devuelto”, reclamó. Igea aclaró en este sentido que “lo primero” que ha hecho el consejero es convocar el  Patronato del Archivo," que es lo que procede”.

El vicepresidente de la Junta reiteró que la administración autonómica tiene "la determinación" de exigir el cumplimiento de la ley y no descarta ninguna medida. “Estamos en un estado de derecho y esperamos que el Gobierno atienda a razones. Si hay sentencias que no cumplen las instituciones públicas, no hay garantías para los ciudadanos. La Justicia a veces llega tarde, pero funciona, y esta administración va a encargarse de que las sentencias se ejecuten y la ley se cumpla”, zanjó en declaraciones recogidas por Ical.