Tocarle el bolsillo a los ciudadanos suele ser una de las cuestiones que más polémica suscita, mientras que la desaparición o reducción de un impuesto casi siempre, por no decir siempre, recibe la más calurosa de las bienvenidas. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Villarcayo llevará al próximo pleno ordinario del 4 de octubre una de sus medidas estrella en política fiscal, anunciada durante la pasada campaña electoral. Se trata de la supresión del Impuesto sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, más conocido como las plusvalías que se generan sobre la hipotética ganancia de quienes heredan o reciben una donación en forma de viviendas o terrenos urbanos y de quienes venden sus propiedades urbanas.
El alcalde, Adrián Serna, llevó este asunto al debate con el resto de grupos políticos de la Corporación en la reciente Comisión Especial y Permanente de Cuentas, en la que invitó a PP, Ciudadanos y PSOE a aportar sus propuestas respecto de este impuesto y de los otros cuatro municipales, el IBI, que grava todas las propiedades rústicas y urbanas, el impuesto de vehículos, el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el que grava la construcción y obras. Cualquier modificación fiscal de cara a 2020 debe ir al pleno en otoño para que esté aprobada de forma definitiva antes del 31 de diciembre y pueda aplicarse el próximo ejercicio fiscal, por lo que en la próxima comisión dentro de un mes, se negociarán las distintas propuestas que presenten los grupos.
Tocar los impuestos precisa de una mayoría absoluta, de la que IM carece, al contar con solo tres ediles, pero Serna avanza que su grupo llevará al pleno el debate de la supresión de las plusvalías, haya o no consenso previo, dando cumplimiento así a su propuesta electoral. El Ayuntamiento de Villarcayo ingresa cada año una media de entre 50.000 y 60.000 euros por plusvalías. En el presupuesto de 2019, se estima que se ingresarán 58.000 euros, «una cantidad considerable, pero cuya desaparición es asumible en un presupuesto anual de 6,8 millones de euros, dado que es muy gravosa para el ciudadano», a juicio de Serna.
Los recibos por plusvalías pueden ser de 100 euros, pero también alcanzar los 4.000 ó 5.000 euros, en ocasiones, al recibir una herencia. Desde IM, consideran que este impuesto «es legal, pero muy desigual e injusto y grava operaciones de compra venta o recepción de herencias por las que también se han de pagar otros impuestos al Gobierno autonómico», como son el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones.
A estos inconvenientes, Serna añade otra cuestión para suprimir un impuesto que es potestativo de las corporaciones municipales y muchos ayuntamientos de la comarca no cobran a sus vecinos. Se trata de «la carga administrativa que significa para el Ayuntamiento, porque ha de tramitarse toda la documentación de las compraventas y solicitar la liquidación de las plusvalías», explica el regidor, quien considera que «hay que valorar si merece la pena todo este trabajo por los ingresos que se generan».
Asimismo, teme posibles problemas en el futuro, dado que muchas ventas, tras la crisis económica, «realmente no incrementan el valor de los bienes», pero las administraciones consideran lo contrario. Por otro lado, el alcalde espera que esta medida, de llegarse a materializar, apoye una mejoría de las transacciones en el mercado inmobiliario, al animar a inversores que deseen evitar el pago de este impuesto municipal.