Ante un tribunal militar y sin ningún atisbo de broma. Absolutamente convencido de lo que decía. Así pronunció el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero una frase que quedó reflejada en el diario de sesiones del juicio por el intento de golpe de Estado de 1981. «Quiero que alguien me explique qué pasó el 23 de febrero». El protagonista principal, al menos públicamente, del asalto al Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, sustituto de Adolfo Suárez, pedía en serio una aclaración sobre una rebelión plena de dobles juegos, sobreentendidos, intereses cruzados y papeles clasificados que, cuatro décadas después, aún tiene interrogantes abiertos. Y eso que, posiblemente, el 23-F es uno de los temas de la Historia contemporánea de España que cuenta con una mayor bibliografía: de periodistas a historiadores, pasando por escritores, políticos e, incluso, aquellos que entraron al Hemiciclo fusil en mano, han puesto en papel sus conocimientos sobre el asunto. También se han hecho series y películas sobre aquellas horas y cómo se llegó a ellas.

Sin embargo, todos los que se han acercado a ese momento de la Transición y han plasmado posteriormente sus investigaciones lo han hecho desconociendo la información clasificada que aún se guarda bajo el sello de «documentos confidenciales», entre ellos, el sumario del caso. De hecho, el Tribunal Supremo acordó en su día el secreto de sumario «hasta 25 años desde la muerte de los procesados -algunos aún siguen vivos, como Tejero- o 50 desde la fecha del golpe».

No hay que olvidar, además, que España se rige con una Ley de Secretos Oficiales que data de 1968, a pesar de que se han hecho varios intentos para actualizar la normativa, pero ninguno ha salido adelante. Sí se modificó, en cambio, la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, pero esto no benefició a la desclasificación de documentos sino que, en cierta manera, lo complicó. Y es que esa norma de 2001 señala que «todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado es secreto y su divulgación está castigada con penas de cárcel». No incluye tampoco un período de tiempo para levantar la confidencialidad, por lo que los papeles del CESID, que era como se denominaba entonces al CNI, sobre la intentona fallida podrían no ver nunca la luz si así se considerase.

La falta de esa información reservada, entre otras cuestiones, ha facilitado la multiplicación de las teorías de la conspiración que repiten una y otra vez las mismas preguntas que no tienen respuesta, al menos, de momento. ¿Quién era el elefante blanco? ¿A quién esperaba Tejero en el Congreso cuando se refirió a la «autoridad militar competente? ¿Eran la «autoridad competente» y el elefante blanco la misma persona? ¿Con quién habló la Casa Real durante aquella jornada? ¿Quién le dio a Armada la lista de un posible Gobierno de concentración, con políticos de todos los partidos, para que se la enseñase a Tejero? ¿Cuál fue el verdadero papel del CESID? ¿Hasta dónde llegaba la llamada trama civil del golpe, que apenas fue investigada en los tribunales?

Garante de la democracia

Las conversaciones telefónicas del Rey, o de su por entonces secretario, Sabino Fernández Campo, con los capitanes generales de las distintas regiones y, sobre todo, su aparición en radio y televisión para defender el orden constitucional fueron claves para la caída del golpe de Estado. De ahí que aquella jornada convirtiese a Don Juan Carlos, que todavía levantaba recelos a izquierda (por haber sido designado por Franco) y derecha (por pilotar la Transición), en garante de la democracia. Sin embargo, aún existe la discusión de si por acción u omisión pudo haber alentado aquel ruido de sables que había arrancado años antes en los cuarteles militares y en las comandancias de la Guardia Civil.

 «El Rey creía que podía hacer lo que quería con los militares, los mimaba, los comprendía, pero con eso se alentaba un estado de runrún de golpe», escribió la periodista Pilar Urbano en su libro La gran desmemoria (2014). En definitiva, lo que deja caer la veterana cronista política, una de las que más ha investigado el 23-F, es que uno de los protagonista, el general Alfonso Armada, íntimo de Don Juan Carlos, se sintió protegido por Zarzuela para adaptar la operación de Gaulle -un golpe militar que acabase con un Gobierno de concentración con él mismo como presidente- a España.

A pesar de esas sospechas, jamás se ha probado el apoyo directo del ahora Monarca Emérito a los golpistas. No obstante, la misma Urbano, Luis Herrero en Los que le llamábamos Adolfo, Jesús Palacios en El Rey y su secreto, el propio Alfonso Armada en Al servicio de la Corona, o Abel Hernández en Suárez y el Rey dejan caer, de manera más o menos nítida, que el elefante blanco del 23-F era, precisamente, Don Juan Carlos.

En los últimos tiempos, sin embargo, los investigadores coinciden en que esa expresión no hacía referencia a nadie concreto, sino que se refería al Ejército en conjunto, con la referencia a un animal poderoso que tarda en ponerse en marcha por su envergadura, pero que puede arrasar con todo cuando lo hace.

Quienes unen al elefante blanco con «la autoridad militar competente» que esperaba Tejero en el Congreso identifican a esa X de la ecuación golpista con militares como el propio Armada, aunque él siempre lo negó; Jaime Milans del Bosch, el único capitán general que sacó los tanques a la calle; o el teniente general Fernando de Santiago, que había sido vicepresidente del Gobierno con Arias Navarro y que el 8 de febrero escribió un artículo en El Alcázar que se entendió como un llamamiento al golpe.

Por cierto, mucho se comentó la portada con la que amaneció el día anterior al 23-F el periódico derechista, donde, además, durante meses se había alentado sin disimulo el ruido de sables. «Todo dispuesto para la sesión del lunes» se leía en una flecha que señalaba una foto del Congreso, bajo la cual, según había hecho el medio en otras ocasiones, aparecía una esfera roja que advertía de que la portada encerraba una información convenida.

El papel del CESID

Entre las grandes incógnitas del golpe -que puede que nunca se despeje por el blindaje de sus archivos- está por determinar qué intervención tuvieron los servicios secretos. Aunque el por entonces líder del CESID, el comandante José Luis Cortina, fue absuelto en el juicio militar, quedó probado que, meses antes de aquel 23 de febrero, se reunió en varias ocasiones con Tejero y Armada. Fueron, además, varios de sus subordinados los que transportaron hasta el mismo Congreso en vehículos camuflados al teniente coronel de la Guardia Civil y a los suyos, así como a la columna de la División Acorazada enviada por el comandante Pardo Zancada.

Y del CESID al amigo americano, perejil de muchas salsas internacionales. No fue clara la actitud del entonces embajador estadounidense Terence Todman que se presentó en el Palacio de la Zarzuela en la agitada noche del golpe, así como el grado de conocimiento que tenía la CIA de la operación, dada su estrecha relación con los servicios secretos españoles. Los norteamericanos, eso sí, tienen fecha para desclasificar los papeles relativos a aquellas 18 horas que pudieron cambiar la Historia: 2031. Quizá sean ellos los primeros que arrojen algo de luz a un episodio que aún hace correr ríos de tinta cuatro décadas después.