Sacyl abona 6,5 millones en indemnizaciones desde 2015

David Alonso
-

Sanidad ha tenido que pagar por denuncias de usuarios casi cuatro millones tras sentencias judiciales y otros 2,5 por vía administrativa

Un grupo de personas abandona un hospital de la Comunidad. - Foto: Eugenio Gutiérrez

La Consejería deSanidad se ha visto obligada a hacer frente a más de 6,5 millones de euros en indemnizaciones durante el último lustro como respuesta a las denuncias efectuadas por pacientes o sus familiares ante daños causados durante la asistencia sanitaria. Una cuantía que, sin embargo, es muy escasa en comparación con los más de 120,5 millones de euros que los denunciantes exigían al Ejecutivo autonómico en sus reclamaciones entre 2015 y 2019, ya que la mayoría de las sentencias condenatorias son parciales, y se condena a Sanidad a abonar unas cifras muy inferiores a las solicitadas.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico a través del derecho de acceso a la información pública del nuevo departamento de Transparencia, el año 2015 fue el más duro para las arcas autonómicas y de sus aseguradoras, toda vez que tuvieron que abonar, bien por vía administrativa o bien por vía judicial, más de 2,8 millones de euros. 

Una diferencia que se origina después de que, en muchas ocasiones, la reclamación es admitida pero los denunciantes creen que no es suficiente con lo ofrecido por la aseguradora y la Junta y llevan el caso a los tribunales.

Es precisamente esta vía, la judicial, donde la Consejería de Sanidad se ha visto forzada a pagar las cantidades más importantes, con un total próximo a los cuatro millones de euros. Por el contrario, mediante la vía administrativa se hizo frente a 2,5 millones, a los que hay que sumar algo más de 30.000 euros en intereses judiciales.

Dictámenes del Consultivo

Otro de los termómetros para medir el ‘descontento’ de la sociedad con el servicio de Sacyl se encuentra en los dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo en materia de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, cuya cifra en 2018 –último con datos oficiales– ascendió hasta las 129, la segunda cifra más alta de los últimos cinco años. Según la institución que dirige Agustín Sánchez de Vega, la mayoría de las reclamaciones sanitarias fueron por mala praxis médica, con 119 dictámenes emitidos al respecto. 

Sin embargo, el Consultivo desestimó el 86% de los dictámenes presentados, unos 111, mientras que 19 fueron estimados y estimados parcialmente. El conjunto de las indemnizaciones solicitadas en las consultas por reclamaciones sanitarias al Consultivo alcanzó en 2018 los 15, millones, 2,5 millones más que en 2017. 

Defensor del paciente

Por otra parte, las reclamaciones por presuntas negligencias médicas o sanitarias registradas por el Defensor del Paciente se incrementaron en nueve el pasado año en Castilla y León al pasar de 659 a 668. Una cifra que sitúa a la Comunidad como la quinta con un mayor número de casos denunciados. Cirugía, lista de espera, traumatología, ginecología y urgencias fueron los servicios que más denuncias generaron, según se recoge en la memoria de 2019 de esta asociación, que también revela que el Complejo Asistencial Universitario de León fue el que más reclamaciones contabilizó, por delante de los hospitales vallisoletanos Clínico y Río Hortega, y de los de Salamanca y Burgos.
Listas de espera

El informe subraya que el año pasado estuvo marcado en la Comunidad por el «conflicto» generado a raíz del desfase de 9.000 pacientes más en la lista de espera estructural sin ser reconocidos, lo cual, según la entidad, ha puesto en «tela de juicio» los sistemas de registro.
‘El Defensor del Paciente’ recordó que las explicaciones del Sacyl se basan en que los datos no son falsos sino «incompletos». No obstante, el ‘Plan Estratégico de Reducción de Listas de Espera (Perycles)’ ha cosechado buenos resultados y se mantendrá con mejoras pese a que dejó de estar vigente a finales de 2019, tal y como apuntó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a los responsables de la asociación en noviembre pasado.
La asociación lamenta igualmente que Castilla y León continúa con el problema de la falta de unidades de daño cerebral. El único centro hospitalario existente es el Benito Menni, en Valladolid. «No es de recibo que los enfermos se tengan a Madrid o Barcelona para recibir tratamiento», señala el documento.