18 personas fallecen en accidente laboral en CyL hasta marzo

SPC
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CCOO y UGT destacan que la pandemia ha desenmascarado que la prevención es un negocio, no un derecho y exigen que las bajas y trabajadores fallecidos por Covid se reconozcan como siniestro laboral

Accidente laboral en Valladolid. - Foto: Ical

Las secretarias regionales de Salud Laboral y Juventud de CCOO, Sheila Mateos, y de Salud Laboral y Política Social de UGT, Azucena Pérez, denunciaron hoy que la escalada de la siniestralidad laboral continúa, y en los tres primeros meses del año, 18 trabajadores perdieron la vida en la Comunidad en el tajo, diez más que en 2019, con un crecimiento del 125 por ciento, pese al cese de la actividad con la declaración del estado de alarma por el Covid-19 desde el 14 de marzo.

Las responsables sindicales denunciaron en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que la pandemia "ha desenmascarado" que la prevención “es un negocio no un derecho” y exigieron que las bajas y trabajadores fallecidos por Covid se reconozcan como siniestro laboral, para que puedan acceder a las prestaciones correspondientes.

Las dos sindicalistas quisieron rendir un homenaje a todos los trabajadores fallecidos por accidente o enfermedad profesional, así como a todas las víctimas del Covid-19, en una día conmemorativo en el que no dejaron de denunciar que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente de las empresas.

Mateos y Pérez apelaron a “aprender de los errores” destapados por la pandemia y “poner la salud labora donde le corresponde, como uno de los ejes de las políticas económicas y las relaciones laborales”. Asimismo, insistieron en que se deben reconocer como accidentes laborales a efectos estadísticos y de ayudas, los trabajadores afectados por el coronavirus, más de medio millón en España.

La secretaria de UGT lamentó que 18 personas hayan perdido la vida este año “por el mero hecho de ir a trabajar” y constató que en Castilla y León se producen cada día 200 accidentes laborales y más de tres enfermedades profesionales. “Es una dura realidad”, sentenció, para precisar que en el número de fallecidos en la agricultura fue de uno, el mismo número que en 2019; en la industria alcanzó los cinco, cuando en 2019 no hubo ninguno; en la construcción fueron seis, frente a uno el año anterior; y en los servicvos, tres cuando sólo se sumó uno en el ejercicio precedente. Asimismo, hubo tres in itinere, frente a uno en 2019.

Sheila Mateos denuncio que la situación hoy es reflejo de las políticas de austeridad y de los recortes en prevención, donde “no ha habido inversión”. Para Mateos la crisis “ha desenmascarado que la prevención se aborda como un negocio, no como un derecho”. “Los servicios de prevención han mostrado sus limitaciones para establecer las medidas para limitar la exposición al virus”, dijo, para constatar además que “los servicios de prevención ajenos que utilizan las pymes, el 90 por ciento del tejido productivo, se ha limitado a la burocracia, a la documentación preventiva en vez de avaluar los puestos de forma fehaciente par evitar siniestros”. “La salud no se vende se defiende. No se puede poner precio a la salud de los trabajadores, no se puede tratar como un negocio y la pandemia pone en evidencia la falta de prevención en las empresas”, enfatizó.

La secretaria de UGT insistió, en este sentido, en que la prevención es una “obligación” del empresario y constituye “un derecho no un negocio”, para exigir una evaluación de los puestos. “La prevención es un derecho no un negocio. Hay que evaluar los puestos”, sentenció.

Evaluar los riesgos psicosociales

En este sentido, la secretaria de Salud Laboral de CCOO repitió sus reivindicaciones “históricas” para “hacer visible lo invisible” para exigir que se evalúen de una vez por todas los riesgos psicosociales, porque “hoy constituyen el primer factor de riesgo y siniestralidad en el trabajo” y provocan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ansiedad y estrés. “El miedo a la pandemia y la ansiedad eleva los riesgos”, aseguró.

Pérez manifestó en que “es fundamental evaluar los riesgos psicosociales y ahora más que nunca”. “Hay que evaluar el riesgo al contagio que antes no existía”, dijo. Aseveró que siguen en la lucha contra la “infradeclaración” de las enfermedades profesionales y defendió que es imprescindible agregar los riesgos psicosoales.

Teletrabajo

Sheila Mateos también lamentó que la aplicación del teletrabajo en la crisis se ha producido “con escasos recursos, de forma rápida y sin evaluar” y “muchas empresas no estaban preparadas” para esta forma laboral. Denunció Materos que “no existe descoexión digital, no hay una regulación, los materiales logísticos y técnicos no son adecuados ni suficientes; genera ansiedad y no se ha evaluado esta forma de trabajar”.

La responsable de UGT agregó al respecto que aunque recomiendan el teletrabajo, “hace falta una regulación”. Precisó que en el último trimestre de 2019, apenas un siete por ciento de los ocupados reconocía teletrabajar, y “ahora estamos casi a la mitad de los trabajadores”, por lo que “más que nuca se hace urgente una regulación” de los aspectos “ergonómicos y psicosociales, junto a garantizar el derecho a la desconexión”. Aseveró que “se trabajan muchas más horas, y en muchos casos los siete días de la semana”.

Inspección y desescalada

La secretaria de CCOO también denunció que la Inspección de Trabajo “no ha actuado de forma adecuada para la paralización del trabajo cuando no existía la prevención adecuada” en la crisis actual.

Así, lamentó que a determinarse que era una crisis sanitaria y “no podía actuar en paralizar la actividad laboral mientras eso fuera así”. “Creemos que no debe ser así, es un riesgo biológico que hay que atajar, porque está en juego salud de los trabajadores y es preciso articular un procedimiento adecuado para que pueda paralizar una empresa y un régimen sancionador para que cumplan frente a la pandemia”.

Azucena Perez afirmó por su parte, que han “echado de menos” en esta crisis, una mayor coordinación entre las consejerías de Empleo y los responsables de salud pública. “Consideramos que la salud laboral debe ser una parte de la salud pública y esta pandemia nos está dando la razón”, defendió.

Pérez también criticó que en esta pandemia “no se ha puesto en valor el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, un órgano “muy capaz” que está trabajando en los protocolos de retorno al trabajo, pero al que “no se le esta teniendo en cuentas como se debe”.

Asimismo, apeló a no olvidar a los trabajadores considerados especialmente sensibles, porque se están dando altas, dijo, sin aplicar el principio básico de precaución, y se ha sacado del listado a enfermos hepáticos y renales.

Por último, Sheila Mateos adelantó que estarán “vigilantes” de que la vuelta al trabajo por la desescalada garantice la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras. “Es importante la representación sindical en las empresa, porque garantiza que se aplique la normativa”, dijo, para reconocer que en muchas pymes y micropyes no están presentes y “la responsabilidad última será del empresario”. “Hay que hace políticas publicas renovadas después de esto”, resumió.

La secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGT comentó que deben llegar a todas las empresas y reclamó de nuevo la creación del delegado territorial o sectorial de prevención de riesgos. Concluyó pidiendo a todas las empresas que apliquen los protocolos y recomendaciones elaboradas para garantizar la seguridad de los trabajadores en la desescalada, no sólo con equipos de protección individual, sino también con distancias y medidas higiénicas y organizativas del trabajo.