El Ayuntamiento tendrá que afrontar un nuevo proceso judicial ya que el propietario del bar Citi ha decidido denunciar a la administración local por los daños ocasionados cuando se le negó la instalación de una terraza en la parte trasera del local. El conflicto ya acabó en su momento en los tribunales, que dieron la razón al dueño del establecimiento al considerar que no existían argumentos fundados para impedirle la colocación de la misma. Ahora ambas partes se verán las caras nuevamente en los juzgados ya que el afectado exige una indemnización de 35.000 euros por las pérdidas ocasionadas.

La demanda calcula el denominado lucro cesante, es decir los ingresos que dejó de percibir durante cuatro años el propietario por no tener terraza, de acuerdo al denominado método de estimación de módulos. En el mismo se detallan desde los gastos del personal que hubiese sido necesario contratar para atenderla, hasta los metros que tendría la misma, que según el proyecto redactado inicialmente, contaría por ejemplo en el exterior con 17 mesas con sillas y otras cinco mesas altas.

El litigio con el bar Citi se remonta a 2014 cuando Aitana Hernando denegó al bar la licencia para colocar una terraza cubierta en su parte trasera, en una plaza sin apenas uso ubicada en Ronda del Ferrocarril, a pesar de cumplir con la normativa. La actual alcaldesa era por entonces la concejala de Urbanismo y basó su decisión en un informe del secretario municipal aunque existían numerosos informes de otros técnicos que eran favorables al Citi. Los motivos por los que pidió valoración al secretario y antepuso la misma a otras opiniones de funcionarios, que en principio tenían más competencia en la materia, suscitó muchas criticas por parte de la oposición. El más duro fue el Partido Popular que cuestionó la arbitrariedad de Hernando asegurando que «en función del resultado que se quiera obtener se adjudican los expedientes a un técnico o a otro» y acusaba a la alcaldesa de haber convertido el Ayuntamiento en un «cortijo».

Los tribunales dieron la razón en primera instancia al dueño del bar pero desde el Ayuntamiento, en lugar de acatar la sentencia, se decidió recurrir. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la sentencia y condenó nuevamente a la administración local, poniendo fin a cuatro años de lucha del hostelero.

La sentencia era clara al afirmar que la terrazas se integraba en el mobiliario existente en la plaza, concretamente en una estructura de hormigón sin ningún valor artístico ni arquitectónico sobre la que se ubican unas jardineras, y que en ningún momento la terraza ni dificultaba ni impedía el uso de los elementos públicos instalados como afirmaba el informe del secretario, ya que incluso estaba previsto girar los bancos para que se pudieran seguir sentando los vecinos. Las costas judiciales de la primera instancia y de la apelación supusieron un desembolso de 3.000 euros para las arcas municipales, cantidad a la que ahora se podría sumar una cifra mucho más elevada si los jueces estiman la reclamación patrimonial presentada por el hostelero.

MÁS CASOS

La indemnización exigida por el propietario del bar Citi no es la única que se ha perdido recientemente el Ayuntamiento ya que la empresa que se encarga de la gestión del bar de las piscinas también solicita el pago de 57.000 euros por los perjuicios ocasionados por la no ejecución de las obras de reforma de la instalación. En ese caso la adjudicataria no ha acudido a los tribunales, sino que ha remitido un escrito al equipo de gobierno, que se ha comprometido a estudiar fórmulas de compensación.

Sin embargo, el hostelero que explotaba el Citi sí que ha decidido acudir a los juzgados para exigir una cantidad ligeramente superior a los 35.000 euros por los daños ocasionados en su momento al negarle la licencia