«Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales», decía el artículo 256 del documento de propuestas que este martes remitió el PSOEa Podemos para negociar un Gobierno progresista. El texto presentado por la mañana armó tal revuelo que horas después fue modificado, suprimiendo la palabra prohibir y aludiendo a la adopción de «medidas necesarias» para que «no más tarde» de 2040, los vehículos y turismos comerciales nuevos tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro.
Fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), vendedores (Ganvam), importadores (Aniacam) y proveedores (Sernauto) valoraron positivamente la rectificación del Gobierno y en un comunicado conjunto indicaron que el sector de la automoción «necesita medidas que favorezcan la competitividad industrial, que atraigan nuevos modelos e inversiones y que fortalezcan el mercado de cara a aumentar las ventas de los vehículos más eficientes».
Las principales asociaciones del sector insistieron también en la necesidad de llevar a cabo una transición «ordenada y equitativa» hacia una movilidad sostenible que, además, daría «estabilidad y certidumbre» tanto a los fabricantes de vehículos y componentes como a la distribución y a los compradores.
En Burgos, la venta de coches se desplomó un 28% en agosto y encadena 11 meses de caídas, pero desde la Asociación de Concesionarios de Automóviles (Aconauto) se confía en revertir esta situación a final de año y para ello hace un mes insistió en solicitar a la Junta un plan de ayudas a la adquisición de vehículos nuevos, no solo de energías alternativas.
Desde los sindicatos, por su parte, admiten que la automoción está «pachucha» y temen que la incertidumbre en el sector afecte al empleo. Ramiro Marijuán, de la Federación de Industria (FICA) de UGT, alerta de que hay empresas que «están rescindiendo contratos eventuales» y que, si la situación no mejora, «probablemente haya algún ERE», aunque espera que la propuesta rectificada del PSOE dé estabilidad y «se relancen las ventas».
Más cauto es Juan Ignacio Ruiz, responsable de Industria en CCOO, que cree que el ajuste de plantillas «ya se ha hecho» en años anteriores tras el suspenso o la ralentización de algunos proyectos y que «mano de obra eventual queda menos», por lo que «a corto plazo no esperamos medidas traumáticas». Para Ruiz, las empresas burgalesas de la industria del automóvil están «a la expectativa de lo que pueda pasar» y pide al Gobierno «que no entorpezca más la situación» porque «la incertidumbre paraliza al consumidor».
PREOCUPACIÓN
Andrés Hernando, presidente de Femebur, reconoce que «todo el mundo está preocupado» por la inquietud en el sector y por ello ha decidido convocar una reunión la próxima semana con responsables de empresas burgalesas de la automoción para conocer de primera mano la situación.