El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior marcó el camino a seguir en la ordenación territorial con el objetivo final de una fusión de municipios para la próxima legislatura. Francisco Igea explicó que continuará el proceso iniciado, primero con la aprobación de los mapas rurales y la integración voluntaria en las mancomunidades rurales de interés general, mejorando luego su funcinamiento hasta que se incorporen todos los municipios de la ubost (unidad básica) para concluir con una transformación de estas agrupaciones en nuevos municipios fusionados, fuertes, con un tamaño mínimo en torno a 5.000 habitantes.

Igea, durante su comparecencia en las Cortes para explicar su programa de legislatura, indicó que todo el proceso se llevará a cabo con «gradualismo» y «voluntariedad», pero advirtió que, tras un primer periodo en que se incentivará con subvenciones las mancomunidades de interés general, se contempla la posibilidad de «fusiones forzosas», aunque precisó que «solo para vencer resistencias carentes de justificación y solo a medio-largo plazo».

Para avanzar en la implantación de este modelo, el consejero anunció que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley que establezca y regule el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (ubost), donde aseguró que se acordará con todos los participantes en el proceso que son los 900.000 castellanos y leoneses que viven y trabajan en el mundo rural.

En este sentido, leyó un apartado de la ley de ordenación que recoge la fusión de municipios y añadió que ellos no renuncian a eso, si bien subrayó que será en la próxima legislatura cuando los ciudadanos digan si se quiere avanzar en esa dirección. «No se plantea el cierre ni la extinción, pero ésta llegará si no se toman medidas», aseveró.

El vicepresidente sostuvo que un municipio de menos de 100 habitantes a los que prestan los servicios las diputaciones no están mejor atendidos que los de 5.000 habitantes, al considerar que la democracia indirecta de las corporaciones provinciales no representa a personas.

Tras exponer el modelo, avanzó que próximamente presentarán un proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio -aprobada por PP y PSOE en 2013- a la que seguirá la modificación de su reglamento para «corregir o actualizar lo que sea necesario».

Estableció a través de esos cambios normativos -aprobación de los mapas rurales y reforma de la ley- tres momentos en la ordenación: la integración voluntaria en las MIG una vez aprobado el mapa de las ubost, el funcionamiento más integrado de los servicios de las mancomunidades de interés general y, por último, la transformación de éstas en nuevos municipios fusionados.

Regeneración

Por otro lado, Igea defendió la rendición de cuentas, participación ciudadana, regeneración democrática y mejora de la eficiencia administrativa como principios de la transparencia. Para avanzar en ello anunció una «profunda reforma» de la ley de Transparencia para corregir carencias como la no inclusión de las entidades locales, la reutilización de la información y se reducirán las exigencias a los ciudadanos para el acceso al derecho a la información.

Anunció que en los próximos días remitirá a la Comisión de Ética un proyecto para endurecer el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, junto con una modificación de la normativa para suprimir la declaración notarial de bienes por una declaración responsable.

También se detuvo en la reducción de la burocracia ya que existen todavía 488 autorizaciones que afectan a empresas y ciudadanos, de ellas 129 tienen previsto un plazo de resolución de tres meses y 169 no se tramitan y los afectados se tienen que desplazar hasta las dependencias. «Necesitamos menos normas, pero mejores», resumió, para añadir que las víctimas del terrorismo no tendrán que presentar ningún documento para acceder a bonificaciones y deducciones.

La reforma urgente del Estatuto para suprimir todos los aforamientos, el reforzamiento de la protección de los informantes de delitos contra la administración y la creación de la oficina contra el fraude fueron otras de las medidas.