La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer proponer la especialización de 33 juzgados de lo penal para el enjuiciamiento y ejecución de asuntos de violencia sobre la mujer, medida que afectaría en Castilla y León a las provincias de Valladolid, Burgos, León y Salamanca.

La decisión tuvo lugar a instancias de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, y después de que el Servicio de Inspección del CGPJ analizara la situación de los partidos judiciales en los que hay cuatro o más juzgados de lo penal, pero ninguno especializado en la materia. 

Según explicaron desde el CGPJ en un comunicado recogido por Ical, la necesidad de especializar juzgados de lo penal en materia de violencia sobre la mujer está contenida en el Pacto de Estado aprobado por el Congreso y el Senado en 2017 con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios y está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo es contribuir a optimizar la respuesta de las instituciones frente a la violencia machista al sumarse la especialización de los juzgados de lo penal a la de otros órganos judiciales, así como a la de fiscales, abogados o médicos forenses, entre otros profesionales.

En el caso de Valladolid, la propuesta indica que se trata de un juzgado, tanto para enjuiciamiento como para ejecución de asuntos, con carácter exclusivo y excluyente, mientras que en los casos de Burgos, León y Salamanca, no tendría carácter excluyente y podrían compatibilizar los asuntos de violencia sobre la mujer con otros. 

En la actualidad, según los datos del CGPJ, existen en España 32 juzgados de lo penal especializados, repartidos en 25 partidos judiciales, mientras que 31 capitales de provincia (en seis de las cuales hay un único juzgado de lo penal) no cuentan con ningún juzgado especializado. Asimismo, ninguno de los juzgados de lo penal de los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles está especializado en violencia machista. La propuesta realizada por la Comisión permanente permitiría disponer de un juzgado de lo penal especializado en violencia contra la mujer en cada provincia, tal y como establece la LOPJ.