El Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León contiene a día de hoy casi 3.500 expedientes a la espera de acceder a una casa en condiciones económicas favorables. En concreto son 3.493 personas que, en su propio nombre a título individual o en representación de su unidad familiar aspiran a una vivienda protegida.

El dato contrasta enormemente con el número de viviendas de protección privada que se han desarrollado en todo el territorio burgalés en los últimos años: 460. Siete veces y media menos. Siempre según los datos de la administración regional, entre 2015 y lo que llevamos de 2021 se habrían calificado únicamente 111 viviendas en la capital, 347 en Aranda de Duero, una en Villagonzalo Pedernales y otra en Carcedo.

Están en tramitación 28 en la zona de Castañares (junto a Burgos capital) y 95 en Aranda de Duero, a través de una cooperativa. Y en previsión cuentan con las casi 170 de Artillería más las 120 de VideBurgos (en el entorno de la antigua Coprasa). A estas habría que añadirles un par de ellas más en Aranda de Duero. Son datos, por tanto, muy alejados del volumen de demanda teórica existente.

Los solicitantes registrados por la Comunidad Autónoma están distribuidos en dos listados (llamados por la administración con las siglas REVI y SIV). Este último contiene las inscripciones antiguas que se gestionaban a través de un programa informático que ya no está operativo, y en él permanecían 708 personas al cierre del mes de marzo. En el REVI, donde se han trasladado algunas solicitudes viejas y todas las nuevas, había 2.785.

La inscripción en el Registro de Demandantes es requisito imprescindible para participar en sorteos de vivienda protegida en Castilla y León, así que todo el que quiera acceder a una de ellas debe pasar por el trámite, pero luego son las promotoras las que realizan directamente los contratos con los compradores.

En el último paso, eso sí, la administración comprueba que los adquirentes cumplan con dos requisitos básicos: no tener previamente otra vivienda en propiedad y no superar el límite de ingresos que actualmente está en 6,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (en el año 2021 este IPREM se sitúa en los 6.778,80 euros anuales).

Tal y como explican desde la Delegación Territorial de la Junta, no se construye vivienda de VPO de promoción pública «desde hace más de 10 años». Probablemente se acercará más a los 15, pues trataría de dos grandes promociones que el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha en la avenida Casa la Vega y en Fuentecillas, ambas gestionadas por la empresa Burgoespacio, que se tramitaron durante la legislatura del alcalde Olivares y se inauguraron por parte del alcalde Aparicio.

Eso sí, subrayan en el departamento de Vivienda que «la Consejería incentiva el alquiler a través del Parque Público de Viviendas» aunque por su parte no haya previsión de construir nuevas en los próximos años.

intento municipal. Consciente de que la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 frenó las iniciativas de todas las administraciones, y a la vista de que hay demanda de VPO, recientemente supimos que el Ayuntamiento de Burgos está tanteando la puesta en marcha al menos una promoción de alquiler social aprovechando las ayudas del nuevo Plan de Vivienda 2022- 2005, que impulsará el Estado y cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas y los municipios.

Este periódico publicó hace tres semanas que el alcalde y dos concejales del equipo de Gobierno (los de Fomento y Servicios Sociales) se habían reunido con la Dirección General de Vivienda de la Junta para explicarle sus intenciones, que pasarían por la utilización de alguna parcela municipal con suelo para estos fines y la firma de un convenio de colaboración con la administración regional.

Aunque el Consistorio capitalino no ha desvelado todavía la ubicación concreta de las parcelas (tiene suelo en el entorno de la estación de trenes, en Fuentecillas, entre Capiscol y la Ventilla o en Cortes), sí ha admitido que para rentabilizar la promoción deberían levantarse al menos un centenar de casas para que sea rentable, incluso con la colaboración de la iniciativa privada.