La Junta aplaza el objetivo de que la industria manufacturera alcance el 20 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) al finalizar este año y fija su meta para el final de la legislatura. A pesar de que el plan director de Promoción Industrial 2017-2020 pretendía un impulso al sector y avanzar hacia el liderazgo industrial a su finalización, no parece que haya sido suficiente para lograr el deseado objetivo.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informó ayer del creciente peso del sector industrial sobre la economía autonómica, que a finales de 2018 ya suponía en su conjunto el 21,5 por ciento del VAB, superior a la media nacional (17,7 por ciento). Sin embargo, dejando fuera a las ramas energéticas, la industria manufacturera solo generaba el 16,7 por ciento, también por encima del 14 por ciento de la media nacional.

A pesar de un balance «claramente positivo», Igea reconoció que se mira hacia el final de la legislatura en 2023 para conseguir ese 20 por ciento deseado. El vicepresidente explicó que la Consejería de Empleo e Industria ha informado de que el plan director de Promoción Industrial alcanzó los 161,2 millones de inversión pública a lo largo del citado año, un balance preceptivo antes de que el consejero, Germán Barrios, comparezca en las Cortes para rendir cuentas de forma detallada.

En cuanto al esfuerzo inversor en I+D realizado en 2018, el INE atribuye a Castilla y León un gasto interno en este concepto de 762,7 millones de euros, el 11,6 por ciento más que en el ejercicio precedente, «un porcentaje de subida que dobla la media española, de acuerdo con los datos contenidos en el informe de seguimiento».

Por otro lado, el esfuerzo tecnológico -que mide el peso relativo de la inversión en I+D sobre el Producto Interior Bruto (PIB)- fue del 1,3 por ciento en la Comunidad en el año de referencia, lo que la sitúa como la quinta autonomía con el mejor dato, por encima de la media -que fue del 1,24 por ciento-. Esta posición se debe fundamentalmente a la ejecución del 65,5 por ciento correspondiente al sector empresarial, nueve puntos más que en el conjunto de España (donde la media fue del 56,5%).

El documento, que fue aprobado en 2017 y define la estrategia de impulso al sector, fija cuatro grandes objetivos: avanzar hacia el liderazgo industrial, incrementar el gasto público en I+D+i, favorecer nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores más consolidados, y aumentar el tamaño de las empresas.