El vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, arremetió duramente contra elGobierno de España y califico de «sorprendente» que en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de hoy el reto demográfico sea uno de los dos temas principales, mientras por otra parte el Ejecutivo central está adoptando en el reparto de fondos a las autonomías «medidas que perjudican claramente a las comunidades con mayor reto demográfico». «Es completamente incomprensible que lo mejor a lo que podemos aspirar en el reparto de fondos sea por criterios de. Es urgente un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta el distinto coste de prestación de servicios en cada territorio», destacó en declaraciones recogidas por Ical antes de apuntar que en Castilla y León, por ejemplo, el coste laboral del personal de Atención Primaria está un 40% por encima de la media estatal, una realidad que «hay que financiar».
Igea recalcó que «esto de la España multinivel es un timo, una manera de renombrar la desigualdad», y aseguró que en los últimos años se ha convertido en «uno de los principales problemas políticos de España». En ese sentido, destacó que «la obligación de los representantes de la Comunidad es defender los intereses de la autonomía, y el primer interés es que no se establezca la desigualdad, aunque parece que aquí cuando se eligen diputados y senadores no se elige quién representará a los ciudadanos de Castilla y León, sino los intereses de cada partido», dijo.
Además, volvió a cargar contra el Gobierno de España por contribuir a «la disolución del concepto de nación» con su gestión de la pandemia, al «eludir sus responsabilidades» provocando con ello «la desigualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en función del lugar en el que vivan».
Chantaje inadmisible
También, aseguró que «es un chantaje inadmisible» que el Ejecutivo central pretenda condicionar a la aprobación o no del presupuesto la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 27 de abril que condenó al Gobierno por no pagar a Castilla y León los 182 millones de euros pendientes del IVA de 2017. «La sentencia se va a ejecutar haya o no presupuesto, no vamos a renunciar a su ejecución. Es inadmisible retirar los fondos covid aduciendo que se va a pagar algo obligado por sentencia», criticó.