La fiscal ve delito en el derrumbe del túnel del Directo

B.A.
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Las plataformas denunciantes reciben con «alegría» que se reconozca la relevancia penal del suceso de Somosierra y plantearán sus dudas ante la Fiscalía, que señala también que el delito ha prescrito

La fiscal ve delito en el derrumbe del túnel del Directo - Foto: Alberto Rodrigo

A finales de diciembre del año pasado, Pedro del Barrio, de Plante por el Tren Directo Burgos-Aranda-Madrid, y Francisco Cabrerizo, portavoz de la Plataforma por el Desarrollo de Burgos y el Empleo, presentaron ante el Ministerio Fiscal un documento denunciando varios aspectos relacionados con la no reapertura del Tren Directo, uno de ellos por el incumplimiento de no restablecer el tráfico desde que en marzo del 2011 se produjera un derrumbe en el interior del túnel de Somosierra y que ha supuesto el cierre de la línea hasta el momento. Ahora, la Fiscalía Provincial de Madrid (sección de Medio Ambiente) ha contestado a las acusaciones formuladas por los dos hombres mediante un escrito donde asegura «que los hechos del derrumbe parcial de marzo del 2011 están prescritos» y que «podrían tener relevancia penal».
Así, la fiscal recoge textualmente: «En todo caso, los hechos, si bien parcialmente podrían tener relevancia penal, están claramente prescritos, por lo que no cabe iniciar una investigación cuya responsabilidad está extinguida». En relación a esta respuesta, uno de los denunciantes, Pedro del Barrio, asegura que es una «alegría» que de alguna forma la fiscal reconozca que algunos de los hechos denunciados podrían tener esa relevancia penal. De igual manera, afirma que si alguna institución o administración hubiera tomado la iniciativa de denunciarlo antes, quizá alguien sí hubiera tenido que responder y admitir responsabilidades por esos delitos.
En su denuncia los dos hombres describen dos momentos clave: el derrumbe parcial en marzo del 2011 y el sellado de los accesos al túnel de Somosierra en junio del 2018. Respecto al primero, recuerdan que desde entonces está atrapada en su interior una bateadora, que tras el incidente Adif compró a la empresa Vías y Construcciones, a quien se la tenía alquilada. A día de hoy esa máquina está parada «a cargo de los impuestos de los españoles», afirma Del Barrio, que en su denuncia señalaba que Adif lleva casi ocho años cometiendo una grave negligencia en el mantenimiento de esa red al no restablecer el tráfico.
Para realizar esa afirmación se basa en la Ley del Sector Ferroviario, que entre otros aspectos recoge que en caso de accidente o cualquier incidencia que perturbe el tráfico, el administrador adoptará las medidas necesarias para restablecer la situación de normalidad. Algo que a todas luces no han hecho en la línea 102.
Los denunciantes, en relación al sellado de las dos entradas al túnel con hormigón armado, aseguran que es un atentado grave contra la integridad de esa infraestructura por el fuerte aumento de la humedad dentro del mismo, lo que puede llevar a hundimientos. «A nadie se le escapa que se ha hecho con intención de dañarla definitivamente», afirma Del Barrio. En este sentido, la fiscal señala que «no hay indicio alguno de grave riesgo ambiental por las filtraciones de acuíferos, que además no son realmente captaciones, sino estancamientos». En relación a estas afirmaciones, los denunciantes se preguntan: «Con todo el respeto, ¿ha entrado la fiscal al túnel para ver lo que hay dentro de él? Porque nosotros tenemos vídeos de como corre el agua, y aunque no corriera, el solo estancamiento también perjudica al túnel».
En la denuncia formulada también hablaban del cierre de las colonias de quiróptedos que se sabe que hasta ese momento anidaban en el túnel, a lo que la fiscal responde que «no queda acreditada la preexistencia de dicha especie, algo necesario para determinar si se concurre en un delito». Tras exponer estas respuestas, la fiscal señala que los hechos están prescritos y que procede al archivo de las diligencias al no existir indicios delictivos.
futuras consultas. Con esta respuesta sobre la mesa, y tras consultar si fuera posible, Pedro del Barrio y Francisco Cabrerizo se plantean formular, «con todo el respeto» a la fiscal una serie de preguntas para solventar una serie de dudas que les ha generado con sus respuestas: ¿cuál es la fecha de prescripción de la denuncia del abandono del arreglo del túnel, y en qué documento legal se basa para esas fechas?; ¿cuál es la fecha de prescripción del posible delito medioambiental de taponar la colonia de quirópteros del túnel?; ¿cuál es la fecha de prescripción del posible delito medioambiental de taponar ese túnel dejando las filtraciones de agua? y ¿cómo sabe o quién le ha dicho a la fiscal que en ese túnel, actualmente taponado, no existen filtraciones de agua, sino que está estancada, y quién ha podido decírselo, porque entendemos que ella no habrá entrado de oficio al túnel?
También le quieren preguntar por un tema que iba incluido en la denuncia que presentaron hace algo menos de dos meses y sobre el que no ha contestado la fiscal. Hace referencia al mantenimiento de la bateadora paralizada dentro del túnel desde marzo de 2011, comprada a la empresa a la que se tenía alquilada. «¿No es motivo de denuncia porque no se incurre en delito al dejar parada una maquinaria cara a costa de los impuestos de los ciudadanos españoles?», cuestionarán a la fiscal si pueden.