La escuela adscrita de Relaciones Laborales contará este año con un presupuesto de 890.000 euros, cantidad superior a la del pasado ejercicio a pesar de que el centro solo imparte cuarto de este grado, mientras que segundo y tercero se dan en la Facultad de Derecho y no se han ofertado plazas de primero por resolución judicial. El motivo de este aumento responde a que se "contemplan posibles indemnizados por despido objetivo" de la plantilla actual, según avanzó Daniel de la Rosa, alcalde y presidente del Patronato que gestiona esta dotación, al término de una reciente reunión entre sus miembros.

Del total de las cuentas, el Consistorio aportará más de 500.000 euros, los correspondientes al 60% de la financiación que contemplan los estatutos, mientras que la Diputación asumirá el 40% restante. Dicha cantidad ha sido calculada en base a un informe realizado por el área de Intervención en el que se ha tenido en cuenta esta previsión, ya que el año pasado la cuantía fue de 225.000 euros respondiendo al compromiso del Pleno del Ayuntamiento de 2017 de ir reduciendo su contribución a medida que este título se integraba en la UBU.

El presupuesto salió adelante con los votos a favor del Consistorio, la Diputación y la institución académica, mientras que el director de la escuela y el representante de los alumnos se abstuvieron, y el de los trabajadores se manifestó en contra.

El presidente de la Patronato insistió en que ese incremento obedece a una previsión para "atender posibles gastos", si bien avanzó que se decidió abrir de nuevo una mesa de negociación con los empleados para poder alcanzar un acuerdo tras fracasar la primera a finales de 2019. Si no se requiere de toda la partida prevista, aseguró que "cada institución reintegrará el dinero restante". Por el contrario y en caso de que el montante necesario sea mayor, "habrá que hacer una modificación presupuestaria". No obstante mostró su confianza en que la UBU pueda ofertar primero el próximo curso académico.

Cabe recordar que la Justicia ha dado la razón hasta en tres ocasiones a los 16 empleados afectados y en su último pronunciamiento ordenaba a la Universidad que dejara de dar el grado en Derecho.