La iniciativa del PP incluirá a todos los docentes, tanto de centros públicos como concertados. En total, serán 4.077 de la educación pública y 1.462 de la concertada, tal y como ha desgranado el procurador burgalés Ángel Íbañez. Todo el personal sanitario, desarrolle o no prestación asistencial, contará con carrera profesional. Esto afectará a 5.038 sanitarios en la provincia. El resto, 2.566, corresponden a los empleados en los distintos centros de servicios sociales, lucha contra los incendios, oficinas de empleo o la delegación territorial. Esto permitirá que estatutarios, funcionarios y laborales, ya sean fijos o temporales, podrán ascender hasta cuatro categorías sin cambiar de puesto de trabajo. El objetivo del PP es que se pueda aprobar la ley antes del final del primer trimestre de 2019 y calculan que se necesitarán al menos 75 millones de euros en los presupuestos de 2020 para ponerla en marcha a nivel autonómico. Además, esperan que contribuya a reducir la interinidad y a estabilizar el empleo público en la Comunidad gracias a una disposición para que la oferta de empleo público de 2018 y 2019 se convoque por el sistema de concurso-oposición. En estos procesos, el concurso contará el 40%, lo máximo que permite el Tribunal Constitucional.