La caza es el tercer deporte en importancia en España, tan solo por detrás del fútbol y el baloncesto. Hay más de 700.000 licencias, de las cuales más o menos la mitad están federadas. 43,8 millones de hectáreas de territorio son objeto de aprovechamiento cinegético, superficie que supera ampliamente el 80% del total nacional (50,5 millones).

Estos números implican una importante actividad económica. Según un estudio realizado por Deloitte para Fundación Artemisan, la actividad cinegética movilizó en España en 2016 un total de 5.470 millones de euros, de los cuales 3.683 millones corresponden al gasto de los cazadores, 877 a los titulares de cotos, 781 a los organizadores de cacerías, 44,7 a la carne de caza… Este gasto generó 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) en España, que representa el 0,3% del PIB nacional y equivale a, por ejemplo, el 13% del PIB generado por el sector agrario, una cifra nada despreciable.

En ese mismo año la caza mantuvo un total de 186.758 puestos de trabajo en España, lo que supone un 1% de la población activa. Cabe destacar que 7 de cada 10 contratos se realizaron a personas con nivel de estudios primarios, lo cual pone de manifiesto la importancia de la caza en la integración de perfiles con un encaje complejo en el mercado laboral. Por si eso fuera poco, los propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente más de 285 millones de euros en acciones de gestión y conservación para la caza y fauna silvestre que, aunque difíciles de cuantificar, suponen también un evidente beneficio para el conjunto de la sociedad.

La caza arranca revueltaA pesar de lo que pueda parecer por las informaciones que aparecen en la mayor parte de los medios, los ciudadanos de a pie, en general, tienen una visión positiva de la caza, o al menos no tan negativa como se podría creer. Al menos así lo atestigua una encuesta de ámbito nacional realizada entre el 22 de marzo y el 9 de abril de este año por GAD3 para Fundación Artemisan.

Entre los principales resultados del estudio destaca que más de la mitad de los españoles (54%) considera la caza como una actividad necesaria y que gran parte de la población cree que es generadora de empleo en el medio rural (49,5%). Además, la mayoría de la población española (60%) no quiere pagar más impuestos para que la Administración se encargue de controlar las poblaciones de fauna silvestre y un 71% considera que la caza es una buena herramienta para llevar a cabo ese control. Es también mayoritaria la opinión entre los españoles de que la caza previene daños a cultivos, evita que animales salvajes se adentren en núcleos urbanos y reduce el número de accidentes en carretera. Para gran parte de la población, la caza contribuye a la protección del medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad, y tiene un impacto positivo en el entorno rural y en la actividad económica que se desarrolla en ese medio.

Este trabajo viene a confirmar que determinados intereses minoritarios están copando espacios comunicativos y haciendo gran presión en la toma de decisiones que tienen una enorme relevancia para la supervivencia del medio rural. En muchas ocasiones, estas decisiones no tienen en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales, se toman sin ningún apoyo técnico o científico que las sustente y tampoco cuentan con el respaldo de la población española, como ha pasado recientemente con la prohibición de la caza del lobo.

La caza arranca revueltaAtaques.

Por estas razones, y por los ataques que ha sufrido la caza durante los últimos meses, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha decidido convocar, para la próxima primavera, una gran manifestación en Madrid que dé voz a todos los cazadores. «Ha llegado el momento de demostrar que el sector cinegético no se rendirá ante un Gobierno que atenta contra su futuro», defienden. Este organismo confirma también que lo ideal sería salir a la calle de la mano de otros colectivos afectados por este tipo de políticas que, desde los despachos y con un gran desconocimiento del mundo rural, atentan contra la vida en los pueblos. Por ello se pondrán en contacto con otros miembros de Alianza Rural, un colectivo que agrupa a cinco ámbitos estratégicos como son agricultura, ganadería, caza, aprovechamiento forestal y otros sectores como asociaciones de mujeres rurales, para que su voz suene más fuerte.

Y es que, como consecuencia de esas presiones y esas decisiones cuestionables, la actividad cinegética ha sufrido una serie de reveses por parte de la Administración en los últimos tiempos que han provocado un descontento generalizado. El más reciente ha sido la mencionada prohibición de la caza del lobo mediante su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hizo efectiva esta medida el pasado 22 de septiembre con la oposición de ganaderos, cazadores y de las comunidades autónomas que dan cobijo a la práctica totalidad de las manadas españolas.

Los afectados se quejaron de que hubo una absoluta falta de consenso y tanto Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, por una parte, como las organizaciones agrarias por la otra, han recurrido la norma. Con la actividad cinegética como herramienta de gestión se habían mantenido unas poblaciones de lobo sanas y en evidente crecimiento, pero Ribera ha preferido el modelo portugués, a pesar de que en el país vecino, donde está terminante prohibida su caza, está al borde de la desaparición.

La caza arranca revueltaSin embargo no ha sido el único palo en los últimos meses. La prohibición de cazar en parques naturales entró en vigor el pasado 5 de diciembre, también con la oposición de ganaderos, cazadores y habitantes de las zonas afectadas. Esta restricción va a provocar un aumento de la población de ungulados (ciervos, corzos, jabalíes, cabras montesas, rebecos) que tendrá que controlarse a cuenta de las arcas públicas mediante personal de la Administración. Además perjudicará a otras especies que comparten espacio con estos mamíferos y están amenazadas, como el urogallo o la perdiz pardilla. Y, no menos importante, dejará sin unos importantes ingresos, provenientes de la caza, a los pueblos afectados.

Otro punto que tiene al sector en pie de guerra es la pretensión de prohibir el plomo en la caza en un plazo de cinco años, ya que de momento no hay alternativas viables a este material, ya sea por precio o por comportamiento. Los cazadores apoyan esta medida en los humedales para proteger a las aves acuáticas (de hecho no se permite en estos lugares desde 2001), pero se oponen a generalizarla.

Por no abandonar las prohibiciones, hace tres años quedó vetado el silvestrismo. Esta práctica consiste (consistía) en capturar fringílidos (jilgueros, verderones…) con red y conservarlos vivos para potenciar su capacidad de canto y participar en concursos y otras actividades. Es una modalidad completamente selectiva y ya estaba muy regulada en el momento de su prohibición.

La caza arranca revueltaOtro varapalo ha llegado este verano con, cómo no, otra prohibición: la de la caza de la tórtola. Siguiendo recomendaciones de la Unión Europea, tomaron esta medida España, Portugal y Francia, mientras que otros países europeos no hicieron el menor caso, y mucho menos algunos más que también están dentro de la ruta de esta especie migratoria como Marruecos. Poco sentido tiene prohibir en una determinada zona geográfica la caza de un ave si en el resto de su periplo la van a estar esperando para capturarla con escopeta o incluso redes. Además, cientos de cotos españoles gestionaban esta pequeña paloma facilitándole siembras, comederos y puntos de agua de manera que pudiera reproducirse en condiciones para poder llevar a cabo un aprovechamiento sostenible. Todos esos cotos, lógicamente, no van a sembrar para ellas si luego se les prohíbe extraer una cantidad razonable, con lo que ya no criarán tan relajadamente. Y más indignante incluso ha sido la enorme oferta para cazar esta especie que ha llegado a los aficionados españoles proveniente de los países que siguen permitiéndola.

Además, esta restricción con la tórtola ha escamado a muchos. Los grupos ecologistas que han presionado para llegar a este punto pretenden también que se dejen de cazar especies tan importantes como la codorniz o la perdiz roja, estandarte de la caza menor española.

Y la gota que ha colmado el vaso ha ocurrido hace apenas un par de semanas, cuando la Dirección General de Derechos de los Animales presentaba su proyecto de Ley de Bienestar Animal. Resulta curioso que al acto solo se invitara a asociaciones protectoras de animales, vetando la entrada a representantes de la RFEC que querían acudir en calidad de interesados. Antes de este anuncio, Manuel Gallardo, presidente de este organismo, tenía concertada una reunión con Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, para abordar precisamente este asunto, pero escasas fechas antes del encuentro García Torres anunció que declinaba acudir y delegó esa tarea en subordinados. Ante esa actitud, la RFEC también se echó atrás.

Todas estas prohibiciones no parecen cuadrar con lo manifestado por Luis Planas, ministro de Agricultura, hace apenas unos días. Planas destacaba el apoyo del Gobierno de España a la caza y al mundo rural, porque «en España hay una realidad rural tremendamente importante, viva y dinámica. Creo que el mundo de la caza, que es parte de ese mundo rural, tiene muchas dimensiones por las cuales debe ser respetado, valorado y apoyado», y añadía que cree que la caza es una actividad que proporciona beneficios «evidentes». Al ser preguntado por su parecer acerca del borrador de la Ley de Bienestar Animal el ministro prefirió no mojarse, aunque aclaró que, cuando se produzca el debate de la Ley de Bienestar Animal, «velará» por las competencias de su Ministerio en lo que se refiere a la producción ganadera y también al mundo de la caza. Algo parecido dijo en su día respecto de los ganaderos y el lobo.

Futuro incierto para las razas de caza.

Si la Ley de Bienestar Animal sale adelante en los términos en los que se explicó Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, los perros de caza (y muchas otras razas) tienen un futuro muy negro. Se prohibirá criar canes a los particulares y los que se vendan desde núcleos zoológicos autorizados deberán salir de allí castrados. Curiosamente, no se podrá cortar el rabo o las orejas por razones prácticas, pero se obligará a cortar los testículos. Razas como el perdiguero de Burgos (en la imagen, sentado en la nieve), el galgo español, el mastín español, el pachón navarro, el podenco andaluz o el carea castellano, algunos de los cuales estuvieron no hace tanto en trance de desaparecer, correrán serio peligro. Estos perros existen porque miles de particulares les han dedicado a lo largo de muchos años incontables horas de esfuerzo e ingentes cantidades de dinero. Todos los proyectos encabezados por la Administración han fracasado, demostrándose que la pluralidad genética es mucho más favorable que los grandes criaderos oficiales. Si se veta la reproducción a ciudadanos de a pie se retrocederá en cinco años, genéticamente hablando, lo que se ha avanzado en el último medio siglo y muchas razas quedarán seriamente dañadas.

Este borrador, al igual que algunas normas autonómicas similares, atiende a una estructura que no parece pensada para el bienestar de los animales, sino para el bienestar de algunos humanos: impulso y subvención de instituciones que se encarguen de recoger perros abandonados con un perfil hecho a la medida de asociaciones animalistas, prohibición de criar perros y obligación de castrarlos para asegurar lo anterior.