El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, comprometió al menos 250 millones de euros a las entidades locales de Castilla y León por su participación en los impuestos propios de la Comunidad y prometió que serán «ambiciosos» para la mejora del empleo y estabilización del empleo públicos, donde aseguró que agotarán las tasas de reposición. Un anunció que Ibáñez realizó durante la apertura de la ronda de los consejeros en las Cortes para explicar el programa de Gobierno, donde aseguró que esta décima legislatura será de acuerdos, de pactos y debates siempre desde el respeto, la humildad, la transparencia y el servicio público. Durante su intervención el consejero desgranó las medidas en el ámbito de la regeneración política e institucional, en empleo público, cooperación con las entidades locales, relaciones institucionales con las comunidades y el Estado y otros compromisos como el impulso de la Agenda 2030, para su puesta en marcha desde el diálogo y consenso con todos.

Así, Ibáñez se comprometió a mejorar la financiación de las entidades locales, en especial las de menor tamaño, a través de la participación en los tributos de la Comunidad, pero añadió que para ello se necesita contar con más recursos y mejorar la financiación del Estado, si bien subrayó que en el periodo 2019-2023 serán al menos 250 millones de fondos a municipios y diputaciones de los impuestos propios. También, expresó la «voluntad inequívoca» de elaborar y reactivar el Plan Plurianual de Convergencia Interior, recogido en el Estatuto de Autonomía y que tuvo un reflejo en los años 2009, 2010 y 2011, si bien no precisó fechas y también le ligó a la financiación autonómica.

Con más precisión se refirió a que quieren dar un «fuerte impulso» a la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, creada al final de la pasada legislatura, con el objetivo de que en el primer semestre de 2020 esté operativo y cuente con un reglamento de funcionamiento interno para su actividad. Así, anunció que en las próximas semanas será convocado este órgano por el presidente de la Junta.

En el ámbito de las entidades locales, mostró el apoyo a las asociativas para la prestación de los servicios, avanzó una modificación del decreto de delegación a las diputaciones provinciales de la competencia para las llamadas «agrupaciones de municipios para sostener el puesto de secretaría-intervención» y la elaboración de un proyecto de ley de Régimen Local.

Función Pública

El consejero de la Presidencia manifestó que serán «ambiciosos» para la consolidación del empleo público y la reducción de la temporalidad en esta legislatura, por lo que afirmó que se agotará la tasa de reposición y que antes de finalizar este año se aprobará la oferta de empleo de 2019, con n el mayor consenso.

En función pública, señaló que se culminará con la ejecución de los procesos selectivos pendientes de los años 2017 y 2018, expresó la voluntad de recuperar las 35 horas y subrayó que se revisará el Catálogo de Puestos Tipo desde la lealtad y el consenso al considerar que con la litigiosidad «se hace difícil avanzar».

También, avanzó un nuevo plan de igualdad de los empleados públicos y la implantación de la carrera profesional, con la previsión de que antes de que finalice el año se ponga en marcha el reconocimiento de Grado 1, para lo que se trabaja en su diseño, según informa Ical.

Acuerdo con Cantabria

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ya ha iniciado contactos con Cantabria para avanzar en la firma de un Protocolo General y cerrar así los convenios con las nueve autonomías vecinas, ya que el único que falta en este momento es con la comunidad cántabra, tal y como detallóIbáñez. Probablemente, durante este mes se reunirán con la consejera de la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, para avanzar en ese Protocolo General de colaboración, que estimó que será de «gran utilidad» para los ciudadanos del norte la Comunidad.