La Audiencia Provincial da luz verde al caso Proincove

DB
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El tribunal ha desestimado los tres recursos presentados por la defensa de Mariano Velasco. Ahora será el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda quien se pronuncie sobre este procedimiento

Terrenos junto a la ribera del río Arandilla en el caso Proincove - Foto: DB

La Audiencia Provincial ha desestimado los tres recursos presentados por la defensa de Marino Velasco en el caso Proincove, lo que abre la puerta a que el proceso judicial continúe, después de que el juzgado número 1 de Aranda ordenase su cierre en octubre del año pasado, después de que en 2017 el entonces grupo municipal en el Ayuntamiento arandino de Sí Se Puede Aranda, ahora Podemos, acudiese a la Fiscalía provincial para presentar el expediente municipal de este proyecto, dando pie a que se reabriese este asunto, por el que el Ayuntamiento de Aranda ya fue condenando por ocupación ilegal.

La comunicación de esta decisión la recibían los integrantes de la formación morada de manos de sus abogados y la acogían con esperanzas de que se puedan depurar responsabilidades ante la denuncia de la promotora Proincove por ocupación ilegal de unos terrenos que derivó en la condena a las arcas municipales a pagar más de 7 millones de euros, sin que todavía se haya dilucidado dónde estuvo el error en este trámite urbanístico cuando se planteó y realizó el proyecto de las sendas peatonales en las riberas de los ríos arandinos.

Según los ediles arandinos de Podemos, la Audiencia Provincial "nos da la razón y la investigación en el caso Proincove seguirá adelante reabriéndose el caso al considerar los posibles indicios de delito", añadiendo que "ahora tiene que pronunciarse al respecto el juzgado de instrucción".

En el proceso iniciado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda se tomaba declaración a cuatro de las personas supuestamente implicadas, que fueron las únicas que acudieron a la sede judicial. El empresario Mariano Velasco, propietario de los terrenos que se ocuparon de manera ilegal; el director técnico del proyecto; el que fuera concejal de Urbanismo en 2007, Eusebio Martín, que constató que dos años antes la empresa constructora avisó por escrito de la ocupación, sin obtener respuesta; y el popular Ángel Guerra, que ostentaba el cargo de alcalde en el mandato anterior, que aseguró desconocer el escrito de Proincove, escudándose en que solo se limitó a firmar como primer edil el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero para llevar a cabo el proyecto de adecuación de las riberas.