Un nuevo edificio en el centro de la ciudad, en este caso en la calle 2 de Mayo número 3, ha sido okupado, y en este caso ha sido en pleno estado de alarma. El inmueble se suma de esta manera a la situación que se vive en la esquina entre Francisco Cantera y la calle La Estación, a unos cien metros de la nueva casa afectada. La situación se ha producido dentro de las limitaciones de movimientos y aunque no residía nadie de manera habitual, una de las viviendas estaba alquilada, por lo que sí que contaba con cierto uso e incluso bienes con valor personal de los que ahora sus propietarios desconocen su estado o si se mantienen en el interior del piso.

El momento actual complica el problema, puesto que la justicia también está condicionada por la crisis sanitaria de la covid-19, por lo que no es posible avanzar hacia la resolución, aunque las autoridades ya conocen este problema porque los vecinos que hacían uso de la vivienda lo han puesto en conocimiento de la Policía, al igual que ha hecho la propiedad. Aun así, por el momento se les ha comunicado que tendrán que esperar.

En este caso, la dueña es una familia que ha tenido las viviendas en régimen de alquiler desde hace décadas, aunque en la actualidad de todas ellas solo había una arrendada puesto que la casa no está en el mejor estado de conservación en el interior. Aun así, y al margen de lo que sucede con los pisos, las dos lonjas de la parte baja sí que están alquiladas. Se trata de dos bares que están abiertos, aunque desde mediados de marzo se mantienen clausurados por las limitaciones impuestas por el Gobierno debido al coronavirus.

Como sucede en toda okupación, tienen que ser los dueños los que den el primer paso porque tienen que denunciar los hechos para que se inicie el procedimiento, aunque al margen de las limitaciones existentes por el parón de la justicia hay que tener en cuenta el estado de alarma, una fase en la que un desalojo no parece lo más apropiado ni por el riesgo que puede suponer para los agentes, ni desde el punto de vista de las familias, a las que en principio habría que buscarlas una solución para no dejarlas en la calle.

El inmueble cuenta con seis pisos repartidos en dos manos de tres alturas. En la única vivienda que permanecía alquilada se quitó la luz pero los pisos están conectados a la red, por lo que se han tenido que enganchar de manera ilegal. Además también se sospecha que hayan podido conectarse al agua, puesto que en la parte trasera, que da a la Ronda del Ferrocarril, se observa una humedad. En la parte delantera no se ve ningún signo de deterioro, salvo cables sueltos.

Muy cercano. Esta casa está muy cerca en cuanto a distancia pero la situación no es tan grave como la que se vive en Francisco Cantera, donde vecinos y comerciantes han denunciado la falta de seguridad y la insalubridad generada por las aguas residuales que se vertían al patio. Este caso parece que ha mejorado, pero el Ayuntamiento movió ficha y a primeros de marzo, en base a un informe municipal por riesgo de incendio, se dio plazo a los okupas para que abandonaran el edificio, que cumplirá tres años en esta situación en agosto.

El Ayuntamiento anunció que si no salían voluntariamente remitirían el informe al juzgado, puesto que la administración local, aunque no sea la propietaria (es de una empresa que está en concurso de acreedores), sí que es la encargada de dictaminar si reúne las condiciones de habitabilidad, algo que en el caso de Francisco Cantera ya se ha dictaminado que no se tiene. Lo que sí que es común en ambos casos es que la crisis sanitaria impide que se avance en el procedimiento.