La Consejería de Economía y Hacienda ha puesto en marcha el proceso de redacción de un plan de prevención de riesgos de fraude aplicable a toda la Administración Regional, que podrá ser adaptado por las consejerías y los centros directivos acorde a su estructura y organización. Tal y como explicó ayer el portavoz y consejero de Economía de la Junta, CarlosFernándezCarriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la elaboración de este plan de medidas antifraude se incluye como obligatoria para las entidades que participen en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta manera, el plan permitirá a la Junta de Castilla y León garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Prórroga presupuestaria.

De igual manera, Fernández Carriedo aseguró que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 «era un buen proyecto de presupuestos y hubiera sido positivo su aprobación». «Hubiera generado actividad económica, creación de empleo y reducción de impuestos, especialmente en el mundo rural. Seguimos creyendo en esa filosofía presupuestaria», afirmó tras anunciar la aprobación del decreto de prórroga de los Presupuestos de la Comunidad que se encuentran actualmente en vigor.

«Desgraciadamente no tuvimos el respaldo parlamentario y aprobamos hoy la prórroga, que garantiza en su integridad la ejecución de fondos europeos para el próximo ejercicio y establece las generaciones de crédito si fueran necesarias para incluir las transferencias finalistas que correspondan a 2022, muy particularmente los de fondos europeos, tanto los ordinarios del periodo 2021-2027, como los Next Generation y las últimas anualidades de la regla N+3 del periodo 2014-2020», resumió en declaraciones recogidas por Ical.

La medida acordada busca facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración Autonómica. De esta manera, a partir de 1 de enero de 2022 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, continúan prorrogados los créditos iniciales aprobados para el año 2021.

El decreto garantiza asimismo la completa ejecución de todos los créditos financiados con recursos finalistas vigentes en 2022. Estos se podrán habilitar en el presupuesto prorrogado a través de generaciones de crédito reguladas en el artículo 126 de la ley de la Hacienda. Por tanto, está asegurada la ejecución tanto de los fondos Next Generation como de los correspondientes a fondos europeos del nuevo marco financiero plurianual.