El Ayuntamiento de Burgos se sumó al Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía hace tres años y con ello se comprometió a reducir un 40% sus emisiones de CO2 en 2030, al uso de un 27% de energía renovable y a un ahorro del 27% en consumo energético. Alcanzar estos objetivos cuesta dinero, 37,7 millones de euros, o lo que es lo mismo 4,1 al año, según se desprende del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PACES) encargado a la empresa Everis Energía.

El punto de partida ha sido la elaboración de un inventario de consumo y emisiones que ha concluido que la ciudad necesita 5.624.383 de megavatios/hora para funcionar (31,76 por habitante) de electricidad, gas natural, gasóleo, gasolina y otros combustibles que desprenden 1.510.468 toneladas de CO2 a la atmósfera (8,53 toneladas por habitante). El transporte privado y comercial es el responsable del 27,69% del consumo de energía total en el municipio, lo que implica el 25,89% del CO2 emitido mientras el resto es achacable a las calificaciones, el alumbrado público o la actividad industrial. 

Los datos analizados corresponden a 2015, año que se ha tomado como referencia, y la meta está en emitir 906.225 toneladas en 2030, es decir un ahorro de 604.187. Para lograr este ambicioso objetivo, el plan establece casi un centenar de acciones tanto para mitigar las emisiones de efecto invernadero como para adaptarse al cambio climático acorto plazo(2022), medio (2026) y largo (2023), así como la obligatoria de realizar un informe de seguimiento de las medidas cada dos años y otro más completo, cada cuatro, que incluye un inventario de las emisiones. 

La propia administración local es la que debe dar ejemplo en la reducción de las emisiones pero el plan incluye también a la industria, el turismo o el transporte, tal y como reconoce el concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño. Para ello, en el ámbito que depende del Ayuntamiento el plan propone la creación de un gestor energético que controle el consumo de los edificios municipales, los equipos informáticos o el transporte público. Su puesta en marcha supondría una inversión hasta 2030 de casi medio millón de euros pero establecería la hoja de ruta a seguir a lo largo y se traduciría en importantes ahorros en las facturas que podrían alcanzar el 50%. Por ejemplo, cambiando las calderas de los edificios municipales por otras de combustibles más eficientes (biomasa o gas natural) una vez finalizada su vida útil o en los nuevos edificios que se construyan. La inversión sería de 300.000 euros. 

Especiales recomendaciones se contemplan en el ámbito de la iluminación, tanto de los edificios como la de las calles. En el primer caso se proponen instalar detectores de presencia en pasillos, almacenes o servicios o aprovechar los tejados para instalar energía solar fotovoltaica, así como llevar a cabo tareas de concienciación y sensibilización entre los empleados y la publicación de los consumos.

Alumbrado y transporte. En el caso del alumbrado público, la propuesta es elaborar una auditoría para conocer los consumos y establecer las medidas de ahorro y reducir el impacto ambiental, que tendría un coste de 15.000 euros. Paralelamente, se sustituirían todas las lámparas de vapor de mercurio y las de vapor de sodio por otras con tecnología led con una inversión de 75.000 euros y se implantaría un sistema de telegestión del alumbrado (48.000 euros). En la actualidad, el Ayuntamiento ha ido sustituyendo algunas lámparas pero será con el nuevo contrato de alumbrado cuando se avance más en este sentido. 

El transporte público es otro de los caballos de batalla del plan con recomendaciones para el uso de biodiésel en la flota municipal, sustitución de los vehículos por otros más eficientes (ya se está haciendo)o cursos para que los conductores de autobús urbano conduzcan de manera más eficiente. 

El concejal de Medio Ambiente anunció la inmediata creación de un comité técnico en el Ayuntamiento para coordinar las actuaciones y para que cada servicio incorpore partidas económicas para ir cumpliendo con los objetivos. «El plan propone una inversión de 37,7 millones pero 17 corresponden a un plan de movilidad sostenible, que nosotros ya lo tenemos y que únicamente habría que revisar». 

También hay propuestas en el ámbito doméstico para la renovación de las calderas o la compra de energía verde, así como también el comercio. La propuesta es que el Ayuntamiento reduzca el IBI a los vecinos que apuesten por las energías renovables. También se recomienda hacer una ordenanza de construcción sostenible para que los edificios tengan consumos sostenibles y procedentes de fuentes menos contaminantes y que se les bonifique la licencia de obras. 
En el ámbito industrial la propuesta es hacer auditorías energéticas y promocionar la cogeneración y en el transporte individual apostar por los coches eléctricos.