Durante el primer trimestre del curso, fue la Consejería de Educación la que, a través de la Dirección General de Centros, procedió a la compra y distribución de mascarillas en colegios e institutos para el profesorado y demás personal, así como para las necesidades que pudieran surgir entre el alumnado. Un procedimiento que cambia y que se mantendrá hasta que termine el ejercicio escolar. A partir de ahora, serán los centros los que tengan que adquirir ese material y solicitar al menos tres ofertas económicas para optar por la de menor precio.

La Dirección Provincial de Educación, a instancias de la Junta, informó de esta nueva situación el pasado 11 de enero, cuando se reanudaron las clases, tal y como explica el sindicato de enseñanza Stecyl, quien denuncia la decisión por varios motivos, entre ellos la tardanza con la que se ha comunicado. Su responsable local, Victoria Ibeas, subraya que la forma de proceder no ha sido igual en todos los territorios de la región, ya que en algunos conocían esta directriz con carácter previo. «Deberían haber avisado antes del inicio del segundo trimestre», precisa, ya que en un principio, según asegura, se pensaba que el funcionamiento iba a ser igual que en el anterior.

A esta queja, Ibeas añade que es «responsabilidad» de la Consejería de Educación proveer de mascarillas a sus profesionales, ya sean profesores o personal de administración y servicios, «como lo hace cualquier empresa». Además y como principal crítica, suma el hecho de que este cometido supone una «mayor carga de gestión» para unos equipos directivos que han visto redoblado este ejercicio su trabajo a consecuencia de la pandemia, poniendo como ejemplo «todas las labores relacionadas con el cumplimiento de los protocolos anticovid y el tratamiento de los casos».

La nueva directriz recoge que la compra de este material, tanto de  quirúrgicas como de FFP2, la realizarán los centros con cargo a sus gastos de funcionamiento, contemplándose en ellos una cuantía para este fin, a excepción de las escuelas infantiles dependientes de la Junta, que deberán remitir la factura para su abono. La partida presupuestaria se prevé enviar este mes para cubrir las necesidades hasta finales de curso, teniendo en cuenta el número de unidades consumidas en el primer trimestre.

El sindicato ha recibido quejas por parte de algunos centros, aunque precisa que en ninguno se dan problemas de existencias debido a que «todavía queda material del inicio del curso», además de que «hay profesionales que llevan el suyo propio». En este punto, avanza que, debido a la situación actual, se tendría que contemplar que todas las mascarillas fuera de la máxima protección (FFP2).

Entre los equipos directivos las opiniones son distintas. En unos casos no comparten la decisión al considerar que supone un volumen más elevado de trabajo de gestión, teniendo en cuenta que, además, «hay que pedir presupuesto por triplicado», tal y como apunta el responsable de un instituto de la capital, que añade a esta circunstancia todas las labores relacionadas con los protocolos, incluyendo rastreos de positivos y gestión de las pruebas diagnósticas. Tareas que, según añade, suponen una gran carga burocrática diaria que no se cubre con la reducción de horas lectivas de los equipos covid.

En otros casos consideran que la nueva medida «no supone nada especialmente sangrante», aunque  reconocen que la Junta podría obtener «mejor precio» si hiciera una compra generalizada. Todos ellos disponen de reservas e, incluso, hay colegios que se anticiparon a la diretriz y compraron el material «actuando según el sentido común y pensando que era lo más seguro».