Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Ciudadanos, para pedir a la Junta que exija al Gobierno de España la aprobación y ejecución de un nuevo fondo COVID no reembolsable para el año 2022, que permita a las comunidades autónomas seguir haciendo frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia.

La presentación del texto corrió a cargo del portavoz de la formación naranja en el Parlamento autonómico, David Castaño, bajo la premisa de que este fondo es necesario para “mantener el suelo social” que suponen servicios esenciales como la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación, mientras por otro lado se abandonan las medidas de contracción para “aumentar la liquidez y activar y mantener la demanda”.

Debido a ello, Castaño consideró necesario mantener el fondo COVID extraordinario porque, de manera contraria, “eliminar el primer pilar arrastra lamentablemente el segundo pilar” y, además, pondría “en riesgo” los servicios esenciales para la Comunidad, que proyectan necesitar más de 600 millones de euros.

Todo frente a las políticas de fiscalidad expansiva, propuestas por PSOE y Podemos para compensar esa posible falta de ingresos, dado que “el progresismo radical que pretenden en materia impositiva es hacer lo que hacen los comunistas: si al ciudadano le va bien, se lo vamos a quitar”, algo de lo que Castaño se mostró en contra porque “en todas las democracias liberales con fiscalidad moderada hay un estado del bienestar mejor”.

Por su parte, la procuradora del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García Sánchez, se mostró de acuerdo con el planteamiento de Ciudadanos porque, dado que “la pandemia no ha terminado, es necesario prolongar el fondo COVID”, tal y como recordó que ya solicitó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente del Gobierno en julio.

“No podemos ser privados de este fondo para 2022, porque la mayor parte de los gastos de esta crisis recaen sobre las comunidades autónomas”, explicó García Sánchez, solicitando que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que articule esos fondos COVID porque “no han desaparecido las razones que motivaron su activación”.

Pedir a "papá Estado"

Tomó entonces la palabra, la procuradora salmantina Rosa Rubio para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, defendiendo que el Gobierno ya hizo llegar en 2020 más de 1.000 millones de euros para “combatir las heridas de la COVID” en un “esfuerzo sin precedentes para mitigar la crisis económica y social derivada de la pandemia, muy al contrario de la última crisis cuando el PP pidió el esfuerzo al ciudadano de a pie”.

Criticó en ese sentido Rubio al Partido Popular por volver a esas políticas “premiando a más de 700 adinerados modificando el impuesto de sucesiones y donaciones” mientras el Gobierno de Pedro Sánchez “ayudó a 2,5 millones de castellanos y leoneses” en una política que “muestra la diferencia” entre ambos gobiernos.

Recordó asimismo Rubio que el Gobierno dotará con más de 700 millones de euros del nuevo fondo COVID para el 2021 a las arcas de la Junta de Castilla y León “en las próximas semanas”, mientras el Gobierno autonómico lleva “15 meses sin dar un solo euro del fondo COVID para la reconstrucción a los ayuntamientos”, pidiendo de nuevo dinero al Gobierno para, según la procuradora socialista, “pretender que haga lo que PP y Cs no son capaces de hacer”. “Como no saben gestionar ni gobernar, hagan un favor a Castilla y León y márchense”, concluyó.

Por su parte, fijaron posición por el grupo mixto el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que apoyó la propuesta porque “supone también un beneficio para la región leonesa” pero alertó a Castaño de que tuviera cuidado “para que no le critiquen y le llamen victimista a la hora de pedir como nos suelen llamar a nosotros cada vez que tramemos los problemas de León”, y Laura Domínguez por Podemos, que argumentó la abstención de su grupo señalando que el Grupo Parlamentario Ciudadanos “solo se dedica a pedir cosas al Gobierno, apelando al papá Estado, para no asumir las competencias propias y la incapacidad del Gobierno autonómico”.