La Guardia Civil y, en concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tiene encomendada la labor de controlar las captaciones ilegales de agua que se producen en España. Su trabajo en este ámbito ha sido callada y ha pasado desapercibida durante muchos años, pero la muerte del pequeño Julen, el menor que falleció tras caer en un pozo irregular ubicado en Totalán (Málaga), ha puesto el foco sobre esta tarea. Es más, la propia Benemérita admite que sus efectivos rastrean el campo y el monte con más celo en busca de excavaciones que pueden constituir un peligro para personas y también animales. Y hace poco concluyó la operación ‘Mizu’contra el robo de agua a través de perforaciones sin autorización, una actuación dirigida principalmente  a evitar la sobreexplotación de los acuíferos pero que sin duda también ha dado resultados desde el punto de vista de la seguridad.

Por supuesto, el Seprona de Burgos ha participado de dicha operación, aunque sus miembros sabían de antemano que en su rastreo no iban a dar con muchos pozos ilegales. ¿Por qué? Porque "la mayoría de los cultivos de esta provincia son de secano y es en territorios donde abunda el regadío donde más excavaciones se registran", explica el teniente Pedro Martínez. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene registrados 5.871 pozos a lo largo y ancho de Burgos, una mínima parte de los más de 80.000 que hay en toda Castilla y León. 

En dicha misión, los agentes burgaleses llevaron a cabo un total de 47 inspecciones por todas las comarcas burgalesas y no detectaron ninguna infracción ni ninguna ilegalidad. Eso sí, hicieron las gestiones oportunas para que los propietarios de tres sondeos mejoraran las medidas de seguridad en torno a los mismos, pues no eran las adecuadas para evitar caídas. 

Los efectivos del Servicio no solo llevan a cabo el control de acuíferos en campañas programadas desde Madrid, sino que forma parte de su cometido diario. En sus patrullas por el campo están habituados a observar el terreno que pisan sus pies para descubrir perforaciones de todo tipo. ¿Cómo actúan cuando se topan con una? Muy sencillo, "lo primero que hay que determinar es si la oquedad es legal o no". Para comprobarlo introducen en el GPS del móvil las coordenadas del lugar donde se halla el pozo y cotejan la ubicación con la base de datos de la CHD -denominada Mírame Duero- donde están registradas todas las perforaciones autorizadas de la cuenca de este río.

Es precisamente lo que hacen en una tierra de cultivo de Quintanaortuño donde les acompañan un  fotógrafo y un periodista de este periódico. "Que esté tapado por una chapa metálica y con un candado es indicativo de que es legal, pero hay que comprobarlo; efectivamente, se trata de un pozo con autorización para riego", comenta el agente Alberto González después de ponerse en contacto con su compañero Roberto, que se encuentra en la oficina del Seprona de avenida de Cantabria con la vista en un monitor con el mapa de todos los pozos de la cuenca.

Sin la seguridad adecuada. En la pasada campaña los agentes descubrieron tres excavaciones que, pese a estar permitidas, no reunían las condiciones de seguridad. En estos casos, el Seprona lo primero que hace es balizar el lugar para hacerlo visible a todas las personas que se acerquen. Después se pone en contacto con el propietario, que no siempre aparece, pues a veces esos pozos se excavaron hace mucho tiempo, carecen de uso y su dueño ignora que lo posee. Si le localizan le explican a qué está obligado para impedir que caigan animales y seres humanos. Si no, los agentes llaman al Ayuntamiento de turno para que asegure las inmediaciones del hoyo.

El sargento Javier Ayala explica que Burgos es una provincia "donde no abunda el regadío" y en los lugares "donde hay huertas sus dueños suelen sacar el agua de ríos y riachuelos mediante motores". Los pozos proliferan en León y Valladolid. De hecho, en esta última provincia fue en la que el Seprona detectó más infracciones en la operación ‘Mizu’, nada menos que 266. Y las inspecciones realizadas fueron las mismas que en Burgos. En Segovia los agentes descubrieron 92 pozos ilegales; en Zamora, 49; en León, 37, y en Soria, 17.

El teniente Martínez advierte de que la Guardia Civil es la responsable del control de los acuíferos, una labor que "de siempre" llevan a cabo de forma rutinaria. Sin embargo, al mismo tiempo admite que desde el suceso en el que murió el pequeño Julen "se mira mucho más, la atención es mucho mayor".

En el conjunto de España, durante la operación ‘Mizu’ la Guardia Civil detuvo o investigó a 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos de distracción de aguas, usurpación y delitos de defraudación de agua.

Durante los 5 meses en que se desarrolló la misión, se llevaron a cabo un total de1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas, en las que se detectaron 1.457 instalaciones ilegales, de las cuales 1.410 eran pozos y 47 balsas. Asimismo, se formularon 2.198 denuncias, la mayoría por incumplimientos a la normativa sobre aguas.