Puede que la resolución no tarde en publicarse, pero en el año en que los inquilinos tienen más urgencia en recibir su ayuda al alquiler la Junta aún no ha solventado la convocatoria. Y hay más de 2.400 burgaleses pendientes de si perciben o no una prestación que en estos momentos vendría muy bien a no pocos peticionarios que -bien por estar en paro o bien por cobrar menos por estar inmersos en un ERTE- tienen dificultades para abonar la renta a sus caseros.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que también asesora a inquilinos, critica que el Gobierno regional «no se haya dado prisa en resolver una línea de ayudas que mantiene en vilo a numerosos habitantes de la región y también de la provincia». Se trata de unas subvenciones que sufragan entre el 40% y el 50% del dinero que destinan las familias al alquiler de una vivienda, por lo que «se trata de un importe que viene muy bien a quienes peor lo pasan económicamente». Aunque se trata de la devolución de una parte de lo abonado durante 2020, cuando lo perciben «lo utilizarán para pagar tres o cuatro cuotas de 2021, pero todavía no se sabe quién será beneficiario».
Julia Braceras, la portavoz del colectivo, pone un ejemplo, el de una familia a la que presta su apoyo. Se trata de un hombre separado con dos hijos pequeños que viven en un estudio por el que paga una renta de 350 euros. En estos momentos está en el paro y no cobra más que un subsidio de 450 euros al mes. «Esta persona tiene prisa en saber y en percibir esa ayuda, porque es que además corre el riesgo de que el casero presente demanda en el juzgado, porque ya lleva sin pagar los meses de diciembre y enero, porque no puede hacerlo», comenta.
Además, cuanto antes se resuelva la convocatoria antes se hace efectivo el abono de la ayuda, porque después la Junta tarda unos meses en pagarla. Si la resolución saliera ahora publicada lo normal es que hasta abril, mayo «o incluso junio no lo ingresen en cuenta». «Por eso es más urgente que nunca», sostiene Braceras.
Inicialmente la convocatoria se convocó con un importe de 15,28 millones, cuantía recogida en el convenio suscrito en julio de 2018 con el Ministerio de Fomento, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Sin embargo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el marco del Diálogo Social, decidió el pasado mes de diciembre incrementar en cinco millones el presupuesto, pasando así de 15,3 a 20,3 millones de euros, lo que supone un aumento de casi un 33 por ciento.
Fomento ha constatado en las últimas convocatorias la necesidad de aumentar el crédito presupuestario y tener que realizar hasta dos ‘repescas’, lo que retrasaba el pago de la ayuda a los beneficiarios que quedaban en reserva. Con el aumento de los presupuestos, la Consejería señaló que se garantizará que por quinto año consecutivo todos los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán la ayuda.
Esta línea está destinada a familias con escasos recursos económicos o con dificultades especiales y que permiten que sus beneficiarios puedan abonar el 40 por ciento del alquiler anual o, incluso, el 50 por ciento en caso de menores de 35 o mayores de 65 años.