Los diagnósticos tardíos no solo se han producido durante la pandemia. Una sentencia reciente del TSJ acaba de condenar al Sacyl a indemnizar con 180.000 euros a la familia de un burgalés que fue operado de un carcinoma en 2014 que se reprodujo y provocó su fallecimiento en 2018 porque «no se hicieron los controles periódicos exigibles ni se pusieron todos los medios adecuados para hacer un diagnóstico correcto, temprano y de certeza de la hematuria (sangre en la orina) que presentaba el enfermo».

La mujer y los hijos del paciente demandaron ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de Valladolid a la Gerencia de Salud de Burgos por el anormal funcionamiento de Sacyl. El varón -de 81 años en el momento de su muerte en 2018- fue diagnosticado del padecimiento de un carcinoma urotelial (tumor en la uretra y la vejiga), patología oncológica con alto riesgo de recidiva que exige, de acuerdo con todas las guías clínicas, la realización de pruebas periódicas (citoscopias, citologías o TAC) para el control adecuado de la evolución del paciente a fin de diagnosticar precozmente una posible reproducción del cáncer o su progresión. Un seguimiento que, según la sentencia, no se hizo de forma correcta.

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