La denuncia contra el exconsejo de administración de Caja de Burgos, que hará especial incidencia en las personas que lo formaban en 2010, está pendiente de la agenda de la líder de UPyD, Rosa Díez. Los ‘unionistas’ quieren que sea ella quien argumente y presente públicamente la iniciativa legal, que está redactada y que se iba a haber hecho pública mañana, y que lo haga en Burgos en los próximos días.

Tal y como ya avanzó ayer este periódico, la Asociación de Impositores de Burgos (Aibur) y la formación magenta han trabajado de forma coordinada los dos últimos meses para tratar de sostener en una amplia denuncia la acusación de «administración desleal» contra el exconsejo. La intención fue la de consumar el registro del texto en Fiscalía de forma conjunta, pero UPyD, que es quien ha desarrollado el trabajo jurídico, aunque el de campo lo ha hecho Aibur, manifestó su intención de denunciar unilateralmente.

La reacción de Aibur fue la de convocar una reunión urgente de su Comisión Ejecutiva en la tarde de ayer, de la que salió, por unanimidad, el acuerdo de dejar vía libre al Partido de Díez, renunciando a presentar otra denuncia paralela, posibilidad que se barruntó de inicio pero que fue desechada. De esta forma se dan por limadas las diferencias entre ambas partes «para centrarnos en lo que es importante, que es lo que dice la denuncia», según explicaron fuentes de Aibur a DB.

Y esa es la pregunta: qué dice la denuncia. Según ha podido saber este periódico, una de las personas más señaladas en el texto es el que por entonces fuera presidente de la entidad, José María Arribas, del que se recoge en la denuncia que empresas vinculadas a él en mayor o menor medida recibieron créditos por valor de 34 millones de euros en el periodo en el que fue el máximo representante de Caja de Burgos, préstamos que podrían haber desembocado en impagos que se cifran en torno a 13 millones de euros.

Esa ‘acusación’ no es la única. Entre otras cuestiones, se destaca el presunto cobro de comisiones por labores de asesoría que «no se produjeron». Este extremo alcanzaría a otros miembros del antiguo Consejo.

El ‘equipo’ de UPyD que ha trabajado en la denuncia ya tiene experiencia en la materia, y en buena medida la relación de Aibur con esta formación política se debe a eso. Concretamente, llevaron al juzgado al ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, e hicieron la denuncia extensiva, como en este caso, al resto de los rectores de la entidad.

«Fue profesional»

El propio expresidente de la entidad, que mostró su sorpresa por lo que se está gestando, explicó ayer a este periódico que «todos los créditos que concedió la entidad siguieron el curso reglamentario, y no se dio ningún tratamiento excepcional o diferente a las condiciones de mercado», además de recordar que las operaciones vienen fiscalizadas por los técnicos de la entidad y que los consejos, de los que Arribas se ausentó siempre que llegó a ellos alguna operación que le afectara, se limitan a certificar lo hecho «conforme a criterios profesionales».

Sobre las operaciones que le afectan, esencializó que «lo único que hice, como tantos empresarios, fue intentar salvar las empresas y los puestos de trabajo». En algún caso eso no fue posible y es donde se podrían consumar los elevados impagos, a los que Arribas no será ajeno puesto que, hasta donde ha sabido este periódico, muchos de esos créditos estuvieron avalados por su propio patrimonio, que ahora también se verá irreversiblemente afectado.

La Caja, por su parte, ya explicó ayer que «todas las operaciones fueron debidamente registradas contablemente y además estaban sometidas a los correspondientes controles internos y externos». Son, por tanto, dos versiones contrapuestas y será la Justicia, si UPyD registra finalmente la denuncia en Fiscalía, quien esclarezca cuál de las dos prevalece.