La patronal burgalesa ha presentado un plan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para facilitar al máximo posible la entrada de compañías burgalesas en los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y que estas tareas redunden al máximo en beneficio del entorno económico de la planta. Este proyecto, en el que se lleva trabajando los dos últimos meses, ha sido dado a conocer en un reciente encuentro mantenido en Madrid por una delegación de FAE, encabezada por su presidente, Miguel Ángel Benavente, con el presidente de la empresa pública, José Luis Navarro.

Enresa prevé destinar 480 millones de euros a las tareas de desmantelamiento de la planta, cuya duración se ha estimado en 15 años a partir del arranque de los trabajos, que podrían comenzar entre 2021 o 2022, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica otorgue la autorización correspondiente a Enresa, que contará con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.

El plan de FAE tiene como objetivo que el mayor número de empresas locales, especialmente las que ya han trabajado con Nuclenor en los últimos años, se preparen técnica y administrativamente para poder participar en los diferentes concursos públicos que se convocarán para ir acometiendo estas tareas. Asimismo, se contemplan acciones para que los trabajadores del entorno, incluso los que ya han operado en estas instalaciones, puedan adaptarse técnica y formativamente a estas nuevas responsabilidades.

La impresión recibida por los responsables de FAEes «positiva», reconoce su secretaria general, Emiliana Molero, presente en el encuentro celebrado en la sede de Enresa a finales de febrero.

En el mismo se acordó la celebración de una jornada en Burgos (aún no se ha fijado ni lugar ni fecha) para que los técnicos del organismo público expliquen en qué consisten las obras y qué oportunidades de trabajo pueden ofrecer para las pymes locales.

«El desmantelamiento requiere un abanico de más de 300 tipos de trabajos diferenciados y todos aquellos que no tocan a lo que es el residuo nuclear son susceptibles de realizarse por empresas que estén debidamente homologadas», explica Molero. Interesa a ámbitos empresariales como los de la ingeniería, la obra civil o el transporte, entre muchos otros.

futuro. «Creemos que es una manera de apoyar a las empresas y el empleo de la zona y del conjunto de Burgos», explican desde FAE. Aunque el proyecto va más allá y apunta a la especialización del tejido productivo local en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en reiteradas ocasiones que no prevé alargar la vida útil de ninguna de las centrales nucleares que hay operativas en España más allá de los 40 años. Esto implica que todas estas instalaciones (7 en total) deberán cerrarse antes del 2030 en el marco del proceso de descarbonización energética. Se estima así que la demanda de tareas de desmantelamiento será una necesidad en España más allá del año 2040, lo que supone una oportunidad de empleo y crecimiento para una industria especializada.

Por de pronto, los trabajos en la planta del Valle de Tobalina se desarrollarán en tres fases: un desmantelamiento inicial, las demoliciones y la recuperación de los terrenos.

Antes de comenzar los trabajos deberán retirarse del edificio del reactor los 2.505 elementos combustibles que contiene, todos ellos residuos de alta actividad que quedarán almacenados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI)ubicado en los aledaños del reactor. Allí se instalarán más de 50 contenedores cuyo llenado comenzaría en el segundo semestre de 2019.

Todas estas tareas vienen recogidas en el Estudio Básico de Estrategias para el desmantelamiento y el Plan de Gestión de Combustible de la planta.

Por de pronto, esta semana se ha conocido que la UTE  encargada de los trabajos de ingeniería y diseño del desmantelamiento dedicará al  menos 5 años a esta tarea. La UTEestá integrada por Westinghouse Electric Spain, Idom y Naturgy redactará este gigantesco proyecto por un presupuesto de 10,4 millones de euros.