El inicio del nuevo año no ha mejorado las relaciones dentro del Diálogo Social autonómico, que ayer volvió a vivir un nuevo episodio de tensión entre los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León. Tras los bruscos encontronazos por los incumplimientos del plan de Choque, en esta ocasión ha sido la propuesta de la consejera de Empleo, Carlota Amigo, la que ha vuelto a soliviantar a patronal y sindicatos. Durante la ComisiónPermanente del Diálogo Social, la consejera pidió a CCOO, UGT y CEOE  cofinanciar a partes iguales la extensión del Serla a todas las provincias, porque a su juicio, es una actuación con un coste de hasta seis millones que en la actual situación de crisis «no es necesaria» porque todos los trabajadores están cubiertos en los diferentes territorios a través del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta. Amigo destacó la «reacción de sorpresa» de los agentes económicos y sociales a su planteamiento, porque «no esperaban algo así», y aclaró que le pidieron una propuesta por escrito, con los costes que supondría la actuación, que espera «no superará los seis millones de euros».

La consejera deseó que este planteamiento no suponga un nuevo conflicto con los agentes del Diálogo Social y expuso que si están dispuestos a poner su parte para el desarrollo de un acuerdo «privado» su departamento, aunque ya están definidos los presupuestos, haría un esfuerzo para agregar su parte. No obstante, la respuesta de patronal y sindicatos no se hizo esperar, y aseguraron que no dan crédito a la propuesta, que calificaron de «esperpento», y consideraron que se hace «a mala fe» con el reto de romper el Diálogo Social. Los agentes económicos y sociales exigieron que Amigo rectifique una propuesta que esperan se haya producido por «desconocimiento» porque se trata de un servicio público, recogido en un acuerdo del Diálogo Social y que está amparado por una sentencia del Tribunal Supremo.

Amigo indicó durante su comparecencia su compromiso en convocar de urgencia una nueva reunión de la Permanente del Diálogo Social para presentar la propuesta con los costes por escrito, y quiso dejar claro que está garantizada la aportación actual a la fundación, que este año supera los 700.000 euros, incluso mejorarla para que siga prestando sus servicios en Valladolid, ya que el resto de provincia, repitió, están cubiertas con trabajadores formados de la Junta.

Además, insistió en que es preciso negociar un nuevo acuerdo sobre el Serla y defendió su propuesta como «viable, razonable y adaptada a la situación que estamos viviendo», y explicó que si aportasen los agentes económicos y sociales podría dejar de ser una fundación pública, aunque «en todo caso la Junta tiene el compromiso de seguir cooperando». «Si quieren extenderlo con tanta urgencia necesitamos que se comprometan y pasen a aportar financiación a la fundación», dijo.

La consejera de Empleo e Industria remarcó que no es el momento de «aumentar el coste a los ciudadanos con la que está cayendo» pero garantizó la colaboración del Ejecutivo a un acuerdo «privado» de forma «adaptada a la difícil situación que estamos viviendo». Amigo recalcó que la extensión «puede multiplicar enormemente el coste actual» del servicio, ya que con una sede en Valladolid, su coste supera los 700.000 euros, y abría que abrir nuevos espacios, contratar mediadores, pagar alquileres y material en el resto de las capitales junta a Ponferrada, que cuenta con juzgado de los Social. «Hablamos de si en plena crisis es el momento de extender unos servicios cubiertos», se preguntó de nuevo.

«No nos lo creemos»

El vicesecretario de UGT en Castilla y León Evelio Angulo, definió el encuentro con Amigo como un «esperpento absoluto» y un «ejercicio manifiesto de irresponsabilidad política». «No tiene limites ni nombre, es irracional», dijo a Ical. En esta línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Fraile, denunció que Amigo «actúa de nuevo de mala fe» y «nos hace una propuesta de ruptura». Un planteamiento, dijo, que va en contra de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pero también con el gobierno del PP, porque ese «servicio público» se pactó con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo. Por último, el secretario general de CEOE CyL, David Esteban, deseó que la propuesta se haya producido por «desconocimiento», y explicó que la reclamaron por escrito porque «no nos lo creemos».