El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy la legalidad en la venta de los vehículos todoterreno forestales que quedaron fuera de uso, y el procurador socialista Ángel Hernández criticó que se hayan hecho adjudicaciones directas a terceros y no hayan dejado opción a ayuntamientos a su posible adquisición.

En el pleno de las Cortes, Hernández pidió conocer las razones para la enajenacion de forma directa de los vehículos, cuestionó que todos ellos tuvieran más de diez años y censuró que la venta se haya realizado entre 600 y 900 euros, muy por debajo de su precio. “Están en Milanuncios”, aseveró, en una aseveración en la que el consejero le pidió seriedad.

El procurador manifestó que ninguno de los contratos se ha publicado en el Portal del Gobierno Abierto, preguntó por qué en esta ocasión no se realizó a través de la subasta y subrayó que ni existe el certificado de baja ni de destrucción por parte de empresas.

Suárez-Quiñones sostuvo que la venta, realizada por los órganos competentes en la materia, las delegaciones territoriales, se ha realizado conforme a la ley de Patrimonio de Castilla y León y explicó que hubo 31 expedientes a los que concurrieron 208 empresas. 

“Algunos de los vehículos tenían 30 o 40 años y suponían un gasto de 1,5 millones al año en reparaciones”, detalló el consejero, a lo que unió el problema para la seguridad, si bien indicó que solo hubo cinco adjudiccaiones directas, tres a ayuntamientos y dos a asociaciones.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente explicará los detalles en su comparecencia el próximo 26 de febrero en la Comisión del ramo de las Cortes, a instancia propia y del Grupo Socialista.