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Procesarán al sospechoso burgalés del doble crimen de Lugo

I.E.
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La jueza sostiene que existen «indicios de criminalidad» tras interrogarle en el mes de julio

Manuel Juan V.C., a su llegada a los juzgados de Lugo el pasado 13 de julio. - Foto: Victoria Rodríguez (El Progreso)

Manuel Juan V.C., afincado en Burgos desde hace más de dos décadas, salió en libertad tras declarar en el mes de julio en el juzgado de Instrucción número de Lugo, pero finalmente este órgano ha dictado un auto de procesamiento contra él para juzgarle por un doble homicidio que tuvo lugar en la provincia gallega en 1994, el conocido crimen del Cash Record. Será procesado por dos delitos de asesinato, uno de robo con violencia y un delito de tenencia ilícita de armas, aunque todavía le queda el recurso a la Audiencia Provincial.

El suceso tuvo lugar hace 27 años en el polígono de O Ceao (Lugo), donde fallecieron, tras ser tiroteados, una cajera y un reponedor del establecimiento. El único sospechoso es un empleado de hostelería que reside en Burgos y que en el momento de los hechos regentaba el bar Los Ángeles, en Rúa Nova de Lugo.

En una resolución de la que informa el TSJ de Galicia, la magistrada del juzgado sostiene que «no se trata de conjeturas o simples sospechas», sino que existen indicios de criminalidad respecto al procesado. Además, sobre la quiebra del derecho a la presunción de inocencia que alega el recurrente, explica que «carece de fundamento» debido a que no ha sido declarado culpable de los delitos por los que está procesado.

«El procesado siguió la tónica de negar incluso hechos objetivos que constan en el sumario, tales como su familiaridad con las armas, pues fue condenado por un delito de tenencia de armas sin licencia o permiso; o negando que condujera vehículo alguno en su vida debido a que carece de permiso oficial, cuando consta la condena en dos ocasiones por conducción sin permiso oficial», recalca la jueza en el auto.

Además, indica que los hechos no están prescritos, ya que en 2013 se emitió un auto en el que se acordó la intervención de las comunicaciones telefónicas del sospechoso. 

La jueza también señala que desde su primera declaración como investigado, en diciembre de 1996, hasta la actualidad «en ningún momento se pidió el sobreseimiento o archivo de las actuaciones respecto a su persona, ni se cuestionaron las diligencias practicadas en el sumario, por lo que no es incongruente mantener el procesamiento.