Dos años después de la okupación del número 45 de la calle Santa Clara el conflicto abierto entre inquilinos legales e ilegales no solo no ha cesado sino que se ha recrudecido. Y es que un día sí y otro también todos los moradores del edificio, unos y otros, se exponen al peligro grave de que se produzca un incendio, porque las manipulaciones de los cuadros de suministro eléctrico son continuas, a diario. La última tuvo lugar el miércoles a mediodía y pudo tener fatales consecuencias. Se produjo un cortocircuito que dio lugar a un fuego que por fortuna fue extinguido con rapidez y no afectó a los domicilios. Tuvieron que acudir incluso los bomberos, así como dotaciones de la Policía Nacional y Local.
Todos los vecinos de la comunidad se han quedado sin luz y ayer, al cierre de este periódico, no habían recuperado el suministro, «puesto que hay que realizar una reparación de garantías que por el momento no se puede llevar a cabo», comenta el propietario de uno de los pisos, que lo tiene arrendado a un tercero. «De todas formas, quedarse sin luz es grave, pero lo que nos tememos es que un día ocurra una desgracia de verdad», comenta, para añadir que «cualquier día habrá que lamentar algún fallecido y será cuando se haga algo».
No resulta sencillo desalojar a los okupas, por un conflicto judicial enquistado en el que se dirime la propiedad de las viviendas que están okupadas y la persona que en teoría es la dueña de ellas (y del 52% del edificio) no se hace cargo de la situación. En todo caso, los tribunales ya están al tanto de la situación y hace unos días tenía lugar una vista que tuvo que ser pospuesta para octubre. En ella, «la jueza solo pudo decir a los okupas que se portaran bien, en resumen». Por el momento no hay manera de echarlos de allí.
Otra de las propietarias, que se ha visto obligada a abandonar su casa debido al «peligro» que observaba si seguía viviendo allí, comenta que «la convivencia es insostenible» y «la situación no puede seguir así, hay que hacer algo».
Algunas de las puertas de titulares de viviendas que no residen en el inmueble han sido tapiadas con el fin de mantener alejados a los okupas. «Es la única manera de librarnos de ellos, porque las puertas las fuerzan todas sin ningún problema», afirma la mujer.
La situación se vuelve del todo insoportable cuando cae la tarde y especialmente los fines de semana. Lo peor, que allí donde han acudido en busca de ayuda, al Ayuntamiento o a la Policía, les dicen que no pueden hacer nada. Por ahora solo les queda aguantar y confiar en que la acción de la Justicia llegue pronto, aunque quedan solo tres meses para que se cumplan los dos años desde que varias viviendas del bloque fueran okupadas, en diciembre de 2019.