La Guardia Civil sitúa a Aguirre en reuniones de la Púnica

Agencias
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La Guardia Civil sitúa a Aguirre en reuniones de la Púnica - Foto: EUROPA PRESS

La UCO se avala en el testimonio de un empresario que afirma que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "opinaba mucho en los temas de creatividad", aunque no recuerda si ella le encargó trabajos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de esos encuentros ni el papel que ella desempeñó. 
Así lo concluye la UCO en un informe, adelantado por El País , en el que dice que tiene "constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo" en las que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, "entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre", el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado. 
Apuntala su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad, Manuel Lamela, prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo "la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta, la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y Daniel Horacio Mercado, donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla".

 

Saldar deudas   

Según el informe de la UCO, este "supuesto trato de favor" hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007. 
Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios. 
"De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO. 
"Estos trabajos no fueron facturados por Over Marketing al Partido Popular de Madrid y, a juicio policial, se podrían haber compensado con la elevada concesión de contratos públicos adjudicados a las sociedades de Mercado. Se realizaron pagos a las empresas de Mercado por un importe de 7.459.217,62 euros", explica la Guardia Civil. 
Por otro lado, Mercado involucró directamente en su declaración en sede judicial a Francisco Granados e Ignacio González como las personas que habrían dado instrucciones al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, para que los trabajos que las empresas hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con dinero en B y mediante la adjudicación de contratos públicos.

 

Irregularidades en las fases de adjudicación

Estos contratos muestran "irregularidades en las distintas fases de los procedimientos", conforme detalla la Guardia Civil, que expone servicios cuyo coste real estaba por debajo del facturado al Gobierno regional o que se cobraron sin haberse realizado, cometiendo "desvío de fondos públicos".
Destaca el contrato para la casa de Madrid en Argentina, inaugurada en marzo de 2007 por Granados y la entonces concejal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella en Buenos Aires, con un evento organizado por Over Marketing y que cobró a la Consejería de Presidencia en cinco facturas menores con un sobrecoste de más de 19.000 euros. Aquel año, la Fundación Arpegio que presidía Granados firmó un convenio de patrocinio con la Casa de Madrid en Argentina por importe de 142.000 euros, pero la Guardia Civil deduce de la documentación intervenida que esos fondos públicos "se habrían desviado hacia Over Marketing en un procedimiento plagado de irregularidades y utilizando la figura del convenio para así evitar la fiscalización de los fondos". 
Tal es así, que "ocho meses antes" de firmarse el convenio y transferirse el dinero, una sociedad vinculada a Mercado emitió tres facturas por 142.000 euros "con el concepto por la realización de vuestra cuenta y orden, por la reforma del local de la Comunidad de Madrid en Argentina en concepto de adelanto', evidenciando que eran conocedores de que ocho meses más tarde, serían beneficiados por el citado Convenio de Patrocinio".