Para el Consejo General del Poder Judicial no solo no es necesario un cuarto juzgado de lo Social que alivie la sobrecarga que existe en Burgos. Directamente, tampoco cree que sea urgente reforzarlos con una jueza de apoyo. A la primera reivindicación, que lleva años sobre la mesa del Ministerio de Justicia, parecen resignarse tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como los jueces, funcionarios, abogados y procuradores que sufren a diario la sobrecarga. Sin ir más lejos, cuando hace unos meses la administración dirigida por Juan Carlos Campo anunció la creación de nuevas unidades en la Comunidad, en ningún momento se ilusionaron con que alguna pudiera recalar en la provincia. Sin embargo, esperaban al menos un balón de oxígeno en forma de una magistrada que asumiese buena parte de los asuntos que ingresaran ante la avalancha de pleitos que se avecinan por la covid-19. Pues bien, el Servicio de Inspección informó desfavorablemente, lo que también echa por tierra esta aspiración. 

La Comisión Permanente del Poder Judicial dio cuenta de este informe emitido por el Servicio de Inspección hace unos días y acordó trasladarle la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En dicho acuerdo no se exponen los detalles de por qué se declina reforzar los tres juzgados de lo social con una jueza en comisión de servicio con relevación de funciones, cargo al que optaba la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villarcayo.

Ya el año pasado, tras una instancia de las tres magistradas de lo Social de Burgos, el propio Servicio de Inspección del Poder Judicial informó desfavorablemente de esta solicitud. El documento sostenía que la situación «en su conjunto» era buena, ya que tanto la pendencia como el tiempo de respuesta eran inferiores a la media nacional. Los casos que aún no se habían resuelto eran unos 550 y tardaban en señalar poco más de 7 meses. Sin embargo, el pasado ejercicio los tres órganos burgaleses cerraron con una media de 600 casos por solucionar. A esto habrá que sumarle el trimestre de parón del confinamiento y todos los procedimientos derivados de la pandemia que se avecinan. 

A fecha 15 de marzo había pendientes de señalar casi 900 asuntos y hasta el 7 de mayo ingresaron otros 243. Por este motivo, y ante la certeza de que en los siguientes meses ese número se incrementaría, el TSJ solicitó de urgencia el refuerzo de una jueza en exclusiva que asumiera un 25% de los procedimientos de cada uno de los tres órganos de lo Social de Burgos. En caso de que el Poder Judicial considerara difícil asignar un nuevo magistrado en comisión de servicios, planteaban, al menos, un adscripción territorial o una sustitución. Nada de esto llegará, al menos de momento. 

La noticia ha coincidido en el tiempo con el informe que la Dirección General del Servicio Público de Justicia, dependiente del Ministerio, remitió a la Junta de Castilla y León, en el que informaba favorablemente de la creación de un nuevo juzgado de lo Social en León, provincia que cuenta con cinco -dos más que Burgos-, y en la  que, en el caso de pleitos relacionados con los ERTE, existe menor carga de trabajo. El Gobierno regional afeó la falta de motivación y concreción de esta decisión.