No ha sentado nada bien entre los agentes mediambientales que durante la última reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial el representante de la Guardia Civil observara que en casos puntuales las brigadas forestales se hubieran excedido en investigaciones de incendios. Un apunte que derivó en una misiva a la Junta de Castilla y León para que los empleados de Medio Ambiente se ciñeran a su instrucción y dejasen el grueso de las pesquisas al Seprona. Los sindicatos se muestran especialmente críticos con estas manifestaciones y recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no solo les ampara para poder recabar pruebas a instancias del Ministerio Fiscal y el Juzgado, sino que su formación es igual o incluso superior a la de un agente del Instituto Armado.
Por lo pronto, la Asociación Profesional de Agentes Mediambientales de Castilla y León (Apamcyl) se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedir explicaciones al respecto a Fernando Grande-Marlaska. En dicha comunicación piden al titular que aclare si esa observación planteada en el seno de la Comisión Provincial de Policía Judicial es la opinión de todo el cuerpo de la Guardia Civil o si obedece a un interés particular de algún mando en Burgos. «No sabemos si existe algún tipo de rencilla por parte del Seprona. Entenderíamos la crítica si no hiciéramos bien el trabajo, pero parece que molesta que nuestras investigaciones sean buenas», plantea el portavoz del colectivo, Esaú Escolar.
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