«Un 70% de los sondeos de la provincia de Burgos se ejecuta ilegalmente», estima Fernando Garro, delegado en Burgos y Soria del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE). Garro advierte de que la realización de cualquier sondeo, no solo para captación de agua, también geotérmico o de investigación, es una actividad minera y como tal está regulada por una legislación que, sin embargo, no se aplica en muchos casos. ¿Por qué? Son varias las razones, las principales: el precio que debe pagar el promotor para recibir los permisos previos y el retraso en su tramitación debido al «escaso» personal de la Sección de Minas de Burgos, dependiente del Servicio Territorial de Economía de la Junta.
El dramático ‘caso Julen’, en el que un niño de dos años falleció el pasado 13 de enero al caer en un pozo en Totalán (Málaga), ha puesto en el foco las perforaciones ilegales en toda España y ha generado un aluvión de consultas a los organismos competentes.
A la hora de realizar cualquier prospección, en primer lugar es necesario un estudio hidrogeológico (o en su defecto la predicción de un zahorí) para buscar la mejor localización y posteriormente hacer un proyecto, a cargo de un ingeniero de minas, en el que se especifique el nombre de la empresa que va a realizar el sondeo, el sistema de perforación, la maquinaria a emplear, el presupuesto, las medidas de seguridad e higiene a adoptar...
Ese proyecto se debe presentar a la autoridad competente (en nuestra provincia, la Sección de Minas del Servicio Territorial de Economía de la Junta) y, una vez aprobado, obtenida su autorización y presentada la declaración responsable de obra en el ayuntamiento oportuno, ya se pueden comenzar los trabajos, que deben ser supervisados por un director facultativo nombrado para ello.
Una vez concluido el sondeo, el propio ingeniero de minas encargado de la dirección facultativa debe firmar el certificado fin de obra. En caso de quedar sin uso, por ejemplo al no encontrar agua, dice Fernando Garro, «se tiene que garantizar que queda clausurado convenientemente»; mientras que si se halla el fluido, el siguiente trámite a realizar es solicitar el permiso para el aprovechamiento de agua a las Confederaciones Hidrográficas correspondientes, en Burgos la del Duero (CHD) y la del Ebro (CHE), que otorgan el uso privativo de las aguas (en este caso las subterráneas) que forman parte del dominio público hidráulico y que se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
El estudio hidrogeológico, el proyecto del ingeniero de minas y la tramitación de la confederación «puede suponer unos 2.000-2.500 euros», calcula José Manuel Briongos, de Perforaciones Briongos (empresa con 30 años de experiencia en el sector), que además reconoce que el citado proceso es «largo y farragoso», porque los trámites entre que se realiza el proyecto y se recibe la autorización minera se pueden demorar «un mes, mes y medio, dos meses» y el permiso de los organismos de cuenca «alrededor de 8 meses», si es un aprovechamiento de menos de 7.000 m3, y «entre 12 y 18 meses» para concesiones administrativas con un caudal de explotación mayor.
«La Sección de Minas hace lo que puede porque no tiene suficiente personal y las autorizaciones sufren demoras», admite Fernando Garro, delegado en Burgos y Soria del COIMCE, que advierte de que «cualquier sondeo requiere de una autorización minera», pero la realidad es muy diferente e identifica tres posibles escenarios: el «ideal», que pide autorización en la Junta y en la Confederación; el que realiza el sondeo sin permiso pero luego ‘legaliza’ el pozo en el organismo de cuenca y el «completamente ilegal», que no se lo comunica a ninguna administración. Según sus cálculos, «hay un 70% a los que les falta la autorización minera».
Creciente preocupación. A consecuencia del trágico suceso de Totalán, la preocupación ciudadana se ha elevado considerablemente, y tanto consistorios de municipios como particulares se han dirigido a las diversas confederaciones hidrográficas para saber lo que hacer al hallar pozos y sondeos ilegales en el campo. De la detección se encargan tanto los agentes del Seprona como los guardas fluviales.
En los último cinco años, la Confederación Hidrográfica del Duero ha incoado 23 expedientes por denuncias de pozos ilegales en Burgos, lejos de los 200 de Valladolid. La CHD tiene registrados, además, 5.188 aprovechamientos de agua en la provincia, 72.040 en toda la cuenca. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro no tiene datos provincializados y contabiliza 29.000 pozos legales de su competencia, habiendo abierto 49 expedientes sancionadores en toda la cuenca entre 2015 y 2017.