En Burgos se autorizó el pasado año la eliminación de 50.000 metros cuadrados de cubiertas de uralita con fibrocemento con las que, para visualizar su volumen, se podría cubrir hasta ocho veces el césped del estadio de fútbol del Plantío. A las planchas de tejado onduladas hay que añadir 1.900 metros lineales de viejas tuberías de red de abastecimientos y bajantes, depósitos de agua, canalones, medianeras... Y todo esto es una pequeña parte de los millones de metros cuadrados de elementos constructivos fabricados con amianto blanco que se encuentran diseminados por toda la provincia, desde los tejados hasta los alcantarillados.

Cada año se firman en torno a los 85 planes para autorizar la retirada, el procesamiento, el transporte y el depósito en vertedero autorizado de estos residuos a empresas especializadas, cuyo volumen de trabajo varía según las circunstancias aunque está en un progresivo aumento en los últimos 5 años. En las últimas semanas ha sido el derribo de los antiguos cuarteles de Artillería, en los que ha habido que tratar 24 toneladas de tejados de uralita; el pasado año, fueron las gradas del estadio municipal de fútbol; anteriormente, en 2018, fue el mercado de ganados de la Milanera (8.500 m2 de cubiertas) y hace unos años fue una fuerte tormenta de pedrisco la que obligó a retirar muchos metros de cubierta ‘tóxica’ de los techos de las naves del polígono de Villalonquéjar. 

Todas estas acciones deben ser autorizadas previamente por los técnicos de la Junta de Castilla y León (de la Oficina Territorial de Trabajo) y de la Inspección de Trabajo. Es un trámite que lleva haciéndose desde 2006, año en el que entró en vigor el decreto que regula todos los trabajos con riesgo de exposición al amianto y se creó el RERA, el registro de empresas especializadas en tareas de desamiantado. En Burgos hay una decena, aunque también operan otras de ámbito nacional.

Se trata de un sector, explica Sonia López Castrillo, jefa de la Sección de Prevención de Riesgos de la OTT, en crecimiento porque es obligada su participación ante la aparición de amianto en una obra y porque todos los procesos (retirada, transporte y sustitución) se realizan bajo estrictos controles y medidas de seguridad, ya que estamos ante un producto altamente cancerígeno. "Están aumentando las comunicaciones de estos procesos porque hay una mayor concienciación respecto a los riesgos que conlleva la manipulación del fibrocemento", reconoce Sonia López y confirman las propias empresas del sector.

Aunque los requisitos técnicos son complejos, la norma fundamental en estos tratamientos es "no romper", "no fraccionar" el producto. En Burgos se trabaja con amianto blanco no friable, compacto. La liberación de las microfibras no se produce salvo en caso de rotura. Es la exposición continuada a las fibras de este mineral la que puede provocar problemas respiratorios, pudiendo causar, si la exposición se prolonga en el tiempo, cáncer de pulmón, mesotelioma maligno y asbestosis.

Los trabajos de desmantelamiento son lentos porque exigen altas dosis de limpieza y descontaminación. "Los profesionales habilitados por los planes que autorizamos han recibido una formación inicial de 20 horas en trabajos específicos de amianto y todos los años se les exige una formación periódica de 6 horas". Asimismo, añade la responsable de la Junta, estos trabajadores son sometidos a una vigilancia médica específica con protocolos centrados en los riesgos de manipulación del amianto.

Durante los trabajos con este agente cancerígeno van equipados con equipos de protección individual (trajes, calzas, mascarillas...).
Vertedero. Una vez desmontado, el fibrocemento se embala en sacas homologadas y etiquetadas, señalizándolo para su transporte a vertedero, actividad esta última que pueden realizar otras empresas autorizadas y dadas de alta en el RERA.

Hubo un tiempo, explica Sonia López, en el que la normativa obligaba a depositar el amianto en los vertederos más próximos. En Burgos no hay ninguno autorizado y los residuos se llevaban a Valladolid, a Santovenia del Pisuerga. Ahora, siempre bajo la supervisión de Trabajo, se aplica la ley de la oferta y la demanda y en la misma compiten los vertederos autorizados  del País Vasco e incluso de Castilla-La Mancha. 

A las distancias y los costes del transporte, hay que sumar las tasas que se aplican en Castilla y León por el depósito de este material, algo que no ocurre en las comunidades vecinas. "Aquí se penaliza con unas tasas a las placas que se gestionan de forma correcta, el País Vasco no. Allí se suelen llevar los volúmenes grandes".

De hecho, en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde el pasado 6 de febrero se produjo una avalancha que mantiene sepultados a dos trabajadores y que ha generado una crisis medioambiental por la detección de amianto, hay depositados residuos procedentes de Burgos, confirman desde la Junta.

"Es el contratista que gestiona el residuo quien decide a dónde lo lleva y con quién lo lleva. Nosotros vigilamos que toda la cadena cumpla con los requisitos". El amianto es un residuo inerte y suele depositarse en zonas delimitadas de los vertederos autorizados para su almacenaje debidamente precintado. Su destrucción incontrolada, como ha podido ocurrir con el derrumbe, conlleva el riesgo de eliminación de las fibras cancerígenas.

El coste añadido a estos procesos, la desinformación y las malas praxis llevan a la proliferación de vertidos ilegales en escombreras e incluso en los contenedores urbanos. En la OTT tienen constancia de esta actividad y de los riesgos para la salud y medioambientales que conlleva, aunque es un ámbito fuera de la órbita laboral en el que no son competentes.  

Hay casos en los que se opta por enterrar las piezas con amianto para sortear los costes del proceso, que no cuenta con ningún tipo de subvención por parte de la Administración. 

En los últimos años, y especialmente en el ámbito rural, donde abundan las naves e inmuebles con las cubiertas onduladas o bajantes de fibrocemento, se ha extremado la vigilancia por parte del Seprona de la Guardia Civil. No solo se informa a pie de obra de la obligación de tener autorización para la retirada y manipulación del amianto [sea cual sea su volumen, el protocolo es el mismo] sino que se suele exigir a los propietarios que acrediten el certificado de destrucción del material, que justifica que el proceso se ha hecho de forma correcta.