El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dado un notable disgusto a las empresas que gestionaban los centros cívicos y las escuelas infantiles municipales durante el primer estado de alarma. La fórmula propuesta por el Ayuntamiento de hacer frente a una deuda de casi 540.000 euros mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial no es válida para el ente regional y pese a que en la Gerencia de Servicios Sociales admiten que ese dinero se debe y tiene que ser pagado, lo único cierto en este momento es que se desconoce de qué manera hacerlo.

Para entender la situación hay que remontarse a los meses de marzo y abril de 2020 cuando, tras la irrupción de la pandemia, se firmó una resolución y un decreto de la Alcaldía en la que se suspendía totalmente la actividad prestacional en los centros cívico e incluso se ordenaba el cierre de las escuelas infantiles.

Las empresas que gestionaban estos espacios se encontraron con  un parón en seco de la actividad pero también con que se les denegó que sus empleados entraran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en virtud del Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que entró en vigor el 17 de marzo del año pasado.

Dicho de otra manera, las empresas asumían el gasto del personal, que recibía un trato similar al de cualquier empleado público (cobraban íntegramente sus nóminas) y lo que se esperaba es que la Administración soportara ese coste. Más que nada, porque no se les permitía ni desarrollar su actividad ni meter a las plantillas en ERTE.

Así ha sido, con diferentes matices, la manera en la que la Administración se ha relacionado con aquellas empresas con las que tiene un compromiso contractual. Más tarde o más temprano se las ha ido pagando ya que se entendía que no tenía que soportar unos gastos por razones ajenas a su voluntad. 

Sin embargo, en el caso de las que gestionaban las escuelas infantiles y las actividades de los cívicos, la situación se ha complicado porque venían prestando sus servicios sin contrato. Es decir, se les paga el trabajo realizado mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Se da el caso de que algunas de estas empresas estaban prestando el servicio por imperativo legal. Dicho de otra manera, porque aunque su contrato había caducado se las obligó a seguir trabajando hasta que hubiera un nuevo adjudicatario del mismo.

Un año y medio después, la situación se resume en que tuvieron que soportar unos gastos elevados, no se les dejó que sus plantillas entraran en ERTE y no se les paga lo que se reconoce que se les debe en los informes de los técnicos municipales.

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, no oculta su «sorpresa» porque el Consejo Consultivo, tras dilatar su respuesta con la petición de más información, haya dictaminado que el procedimiento de responsabilidad patrimonial no es una fórmula válida para pagar esta deuda. Y empatiza con la «indefensión» que deben de sentir las empresas soportando de manera injusta este gasto.

A partir de ahora, lo que se hará es buscar otra fórmula que permita hacer frente a la deuda porque en caso contrario a las empresas (Clece, Selectia, Arasti Barca y Sedena) no les quedará otra alternativa que acudir a la vía judicial para exigir que se les pague.