Aún no se conoce el impacto real que tuvo el confinamiento para aquellas mujeres que se vieron obligadas a convivir las 24 horas del día con su maltratador. La Policía Nacional en Burgos tuvo que intervenir menos durante los meses de abril y mayo por casos de violencia de género y los juzgados también notaron un descenso de asuntos, aunque estas bajadas no están cuantificadas. Hasta el momento, el Consejo General del Poder Judicial solo ha publicado datos de procedimientos que terminaron en los tribunales en el primer trimestre, es decir, justo antes de la irrupción de la pandemia. Mientras que a nivel nacional se produjo un ligero descenso, que los magistrados achacan precisamente a la covid-19, en la provincia crecieron ligeramente. Lo más reseñable fue un aumento del 70% en las medidas de protección a las víctimas. 

De enero a marzo de 2020 entraron en los juzgados burgaleses 312 asuntos relacionados con la violencia de género, 47 más que el año anterior, lo que supone un incremento aproximado del 20%. La mayoría de estos casos fueron por la vía penal. En cuanto a la tipología delictiva, las razones por las que las víctimas denunciaban a sus maltratadores fueron las agresiones físicas, aunque probablemente lo más preocupante es que muchos de los procesados tuvieron que volver a sentarse en el banquillo por un quebrantamiento de condena. 

De hecho, los casos en los que los agresores se saltaron una orden judicial, bien sea de alejamiento o porque han incumplido una sentencia anterior, se triplicaron en el primer trimestre con respecto al mismo periodo de tiempo del ejercicio pasado. Esto guarda relación con las 169 medidas de protección decretadas por los magristrados en lo que llevamos de 2020, un 70% más que hace un año. Entre este tipo de decisiones se encuentran, en su mayoría, las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, aunque también se han dado casos de cárcel y de arresto domiciliario. 

En cuanto al perfil de los maltratadores, los datos del observatorio del Consejo General del Poder Judicial muestran que son españoles cuyos delitos suelen terminar en condena. La relación que guardan con la víctima siempre es afectiva o lo fue con anterioridad, mientras que un porcentaje menor de los casos de maltrato que llegaron a los tribunales durante el primer trimestre se produjeron dentro de un matrimonio.  

Más de la mitad de los casos de violencia de género que terminaron judicializados pasaron previamente por una intervención policial, bien sea por la denuncia de la propia víctima o por la de un familiar o conocido. Todavía sigue siendo anecdótico el porcentaje de mujeres que van directamente a los juzgados, bien sea para alertar de un episodio de maltrato o para entregar un parte de lesiones tras una agresión. 

Otra de las cuestiones más preocupantes del balance trimestral en materia de violencia machista es un repunte de los casos de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar contra sus parejas o ex parejas que están acusadas de maltratarlas. Si bien en los últimos años se percibía una mayor determinación por parte de las víctimas, en 2020 el 30% decidieron no seguir adelante con su declaración. El pasado año en ese mismo periodo de tiempo fue de poco más del 15%. 

Por otro lado, las cifras aportadas por el Poder Judicial muestran  que la carga de trabajo que estaban soportando los órganos judiciales incluso antes de la pandemia ya era importante, algo que amenaza con colapsarlos en los próximos meses tras el cese de la actividad. Sin ir más lejos, los juzgados de violencia sobre la mujer de Burgos resolvieron muchos más asuntos hasta marzo, aunque no pudieron evitar que quedaran pendientes bastantes más que en 2019. 

En concreto, por vía penal se solventaron 277 asuntos y por la civil otros 19. Sin embargo, quedaron por sobre la mesa otros 297 denuncias, mientras que durante el primer trimestre del pasado ejercicio los procedimientos que estaban pendientes de una decisión judicial fueron 189. 

Casi la mitad de los casos de violencia de género terminaron en un sobreseimiento provisional de la causa, un 20% elevados a un órgano competente (un juzgado de lo penal, uno de lo civil o la Audiencia Provincial, por ejemplo), y aproximadamente el 16% lo hicieron en una sentencia condenatoria para el procesado. En ningún caso se les absolvió y solo un 1,2% de los procedimientos se sobreseyeron por libre absolución. 

La incógnita. Estos datos son la primera pista de cómo ha evolucionado la violencia de género en la provincia de Burgos en un año extraño en el que, a priori, se esperaba que durante el estado de alarma crecieran las denuncias porque muchas mujeres se iban a ver obligadas a convivir con sus agresores día y noche. Si bien en otras provincias parece que tanto las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado como los juzgados sí registraron actividad, en nuestro territorio se percibió un descenso. Esto no significa que no hayan existido casos de maltrato durante el confinamiento. Algunas asociaciones alertaron de que muchas víctimas se sintieron más controladas para poder denunciar estos episodios. De hecho, las llamadas al 016 crecieron un 60% en la cuarentena.