El pasado mes de junio se cumplieron exactamente cuarenta años desde que un grupo de médicos estadounidenses anunciaron en rueda de prensa la aparición de una patología hasta entonces desconocidos que se cebaba especialmente en varones homosexuales. No lo sabían pero estaban participando en el acto fundacional de la pandemia de más larga duración del siglo XX y frente a la cual aún no hay vacuna aunque sí unos tratamientos tan avanzados y sofisticados que han convertido al VIH/sida en una enfermedad crónica. Al principio, el saldo fue devastador porque afectaba a personas muy jóvenes que morían rápidamente ante la impotencia de unos profesionales que poco podían hacer y rodeadas de un estigma social que les consideraba poco menos que apestadas ya que los primeros y dubitativos pasos de la ciencia dieron en crear 'grupos de riesgo' entre los que se encontraban los homosexuales, los usuarios de drogas por vía intravenosa y las personas con hemofilia. Más adelante se sabría que lo que existen son prácticas de riesgo para que la enfermedad se pueda transmitir, que no contagiar.
Cuatro décadas después no solo persisten los prejuicios y el estigma sigue ahí -aunque es cierto que no tan agudizado- sino algo que es peor: el desconocimiento de la gente más joven, aquella que no ha crecido con el miedo al sida ni con las imágenes de Rock Hudson y Freddy Mercury devastados por la enfermedad como le ocurrió a la generación de los 80. Por eso, y porque aún queda mucha gente muy vulnerable que enferma, siguen existiendo los comités ciudadanos, que fueron una auténtica tabla de salvación en los primeros tiempos.
El presidente del de Burgos, José Antonio Noguero, afirma que las personas afectadas se siguen encontrando con problemas que otras enfermedades no tienen. Y pone un par de ejemplos. Quienes no tienen regularizada su situación en España tienen que salvar muchas trabas para acceder al tratamiento, lo cual supone no solo un problema personal para ellos sino otro de salud pública para el resto de la población: "Hemos tenido recientemente el caso de una persona a la que no querían atender por no tener papeles, que finalmente lo resolvimos a través de la Comisión Socio-Sanitaria y creo que esto no deberían ocurrir a estas alturas, entre otras cosas porque existe una ley de sanidad universal y por no crear un problema de salud pública".
También revela que deben solventar las trabas que van apareciendo en el acceso al tratamiento profiláctico pre-exposición, denominado PrEP, una medicación incluida desde noviembre de 2019 en el Sistema Nacional de Salud y que previene la infección para grupos muy determinados de población, siempre con el objetivo de frenar la transmisión. "Desgraciadamente hemos tenido el caso de un chico al que se le negó dos veces este tratamiento y que ha adquirido el virus. Creo influyen dos factores: una cierta falta de información que existe aún entre la clase médica y quizás también prejuicios".
La PrEP se recomienda a las personas que se encuentran en situaciones y periodos de su vida en los que pueden tener un alto riesgo de adquirir la infección y los grupos en los que está indicada son gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales VIH negativas de más de 18 años, todos ellos con más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. También se incluye a las personas prostituidas que no usan preservativo habitualmente.
A pesar de estas dificultades contra las que trabaja a diario el Comité Ciudadano Anti-Sida de Burgos, su presidente es optimista, por lo que en la campaña de este año de cara al 1 de diciembre, día internacional de la enfermedad, se ha colocado 2030 como fecha en la que el VIH se haya acabado. Pero para eso, explica Noguero, hay que utilizar (y hacerlo bien) una serie de herramientas: una educación sexo-afectiva para las personas más jóvenes, cuyo desconocimiento del sida es muy elevado "y peligroso"; la generalización del uso de preservativos en las relaciones sexuales, una mayor agilidad en la dispensación de la PrEP y del tratamiento post-exposición al virus; que ante la menor sospecha de una práctica de riesgo las personas se hagan la prueba para, en el caso de dar positivo, se pongan en tratamiento cuanto antes y generalizar la atención a todos los afectados independientemente de su situación legal.