Familias críticas de Aspanias critican una gestión obsoleta

Angélica González
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Han iniciado una recogida de firmas para conseguir una asamblea extraordinaria que elija una nueva junta directiva por sufragio secreto y no a mano alzada como se ha hecho hasta ahora. Reclaman también una auditoría de gestión externa

Familias críticas de Aspanias critican una gestión obsoleta - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

Un  grupo de familias de personas con discapacidad que utilizan los servicios de Aspanias ha iniciado una recogida de firmas que pretende hacerse, al menos, con las del diez por ciento de los socios de la entidad con la intención de obligar a la junta directiva a convocar una asamblea general extraordinaria. En esta reunión se quiere que haya tres puntos en el orden del día: elegir a todos los miembros de ese órgano por sufragio secreto (hasta ahora siempre ha sido a mano alzada), encargar una auditoría de gestión externa y elaborar un plan de viabilidad. Esta movilización es consecuencia del momento que atraviesa la veterana organización, que recientemente reconoció una delicada situación económica (solo en 2019 presentó unas pérdidas de 900.000 euros), la búsqueda de financiación de cerca de dos millones de euros y el despido de más de 70 trabajadores, buen parte de ellos con discapacidad intelectual.
Fernando Mauleón (que tiene una hija y un hijo en el centro Puentesaúco), Maite Paisán (una hija en el Centro Especial de Empleo), José Ruiz (con dos hermanos, uno en el Centro Especial de Empleo y otro en el centro ocupacional) y Amanda Castañeda (un hijo en Puentesaúco) son los rostros  visibles que han canalizado el enfado de muchas familias que por miedo al futuro de sus hijos hasta ahora nunca se habían planteado plantar cara a los actuales gestores, cuyo modelo de trabajo está, aseguran, «acabado»  y dentro del cual hay «muchos programas obsoletos, una homogeneidad en la atención a las personas, sea cual sea su discapacidad y una falta de recursos evidente que ha hecho que los servicios estén perdiendo calidad». Consideran también que el equipo directivo es el único responsable de la preocupante situación económica: «Nosotros queremos que esto siga adelante y somos los primeros interesados en ello por nuestros hijos pero es necesario que se revisen muchas cosas, que haya claridad y transparencia, que las cosas comiencen a funcionar de diferente forma y no como se vienen haciendo desde hace 20 años», explican estas familias, que aseguran conocer los pasos que está dando el grupo de manera informal ya que no tienen ninguna información directa. En este sentido, saben que aunque Aspanias sigue buscando refinanciar su deuda, aún no lo ha conseguido: «De esto no nos hemos enterado por vías oficiales porque el oscurantismo es la tónica general».
De las cuatro, tres han pasado ya por esa ronda de reuniones que en este mismo periódico el gerente, José María Ibáñez, avanzó el pasado mes de febrero que se iban a hacer con todas, y lamentan dos cosas: el hecho de que se lleven a cabo de forma individual, con las familias una por una -«nunca quieren que vayamos dos juntas porque seríamos más fuertes»- y la falta de credibilidad que tienen ya los gestores para convencerles de que las cosas van a mejorar. Solo Amanda Castañeda de entre los cuatro  se ha negado a acudir: «Para mí ya no tienen ninguna credibilidad y no voy a perder el tiempo. La información en Aspanias es siempre unidireccional».
Los que sí han acudido a estos encuentros explican que la información que allí se les facilita es que la causa de los problemas económicos está en el Centro Especial de Empleo de Quintanadueñas pero sin aportar cifras y con la presencia de un consultor externo que está siendo el encargado de realizar el plan de viabilidad que anunció la organización y que en opinión de estos críticos tampoco despierta ninguna buena sensación porque tiene vínculos de amistad con José María Ibáñez y, por tanto, creen, «un conflicto de intereses».
«A cada familia, además, nos están dando una información diferente, los números no coinciden y creo que están responsabilizando a las personas con discapacidad, a las que achacan una baja productividad, cuando nosotros pensamos que esto no tiene que ver con los trabajadores sino con la gestión», comenta  José Ruiz.  Amanda Castañeda, por su parte,  considera que Aspanias está ante el final de un proyecto.
Fernando Mauleón y Maite Paisán añaden que durante años ha habido «despilfarro, con muchos gastos superfluos y sueldos que intuimos excesivamente elevados aunque no hemos logrado que nos los dijeran nunca», y falta de organización, lo que ha derivado en un malestar que se nota no solo en los trabajadores sino entre los propios usuarios. Critican, por ejemplo, que Aspanias se haya metido en el negocio de la atención a personas con enfermedad mental cuando no es el campo en el que está especializada (lo hizo creando  una UTE con la Fundación Intras que luego fue elegida por la Junta de Castilla y León para gestionar la residencia que la comunidad autónoma tiene en el barrio de Huelgas para este perfil de paciente) y en el de las residencias de ancianos en el medio rural.
Ponen el foco, además, «en la gestión personalista» de José María Ibáñez, en la «utilización emocional de las familias», muchas de ellas mayores y que dan por bueno todo para evitar que el bienestar de sus hijos pueda tener algún riesgo y en las «asambleas-espectáculo» que organiza la entidad «jugando con los sentimientos de los padres y los hermanos de las personas con discapacidad intelectual».
Para terminar con todo ello pretenden que entre «aire fresco» en la junta directiva con la asamblea general extraordinaria que buscan. Y con el objetivo de llegar al mayor número de personas que pudieran estar interesadas en participar en este proceso han habilitado una dirección de correo electrónico, aspaniascambia@gmail.com, y un teléfono de información, que es el 630031743.
Por otro lado, han solicitado una reunión con el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz que aún no tiene fecha (probablemente debido a la crisis del coronavirus) y pretenden también que el Gobierno regional exija una auditoria de gestión externa «ya que la mayor parte de los ingresos de Aspanias proceden de fondos públicos». Otras medidas que sugieren son que los despidos «cubran todas las categorías de arriba abajo y no se queden únicamente en los trabajadores de apoyo y las personas con discapacidad», que se renegocien las líneas de negocio, que se abandonen las que no son rentables y, en definitiva, que la empresa se adapte a los tiempos actuales en cuanto a transparencia y gestión.