Respaldo judicial a Espinosa frente al exgestor de Lunada

A.C.
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En virtud del contrato rescindido en febrero de 2020, considera que la obligación de realizar un completo mantenimiento de las instalaciones era de la empresa Snowmountain y no del Ayuntamiento espinosiego

Los remontes de la estación de Lunada están destrozados, a pesar de las reparaciones que realizó Snowmountain. - Foto: Luis López Araico

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Burgos ha desestimado íntegramente las pretensiones que el exgestor de la estación de esquí de Lunada planteaba en el recurso que presentó contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros por el que se resolvía el contrato que le otorgó la concesión y explotación de las instalaciones hasta 2031. La decisión municipal fue adoptada en febrero de 2020 y se basó, entre otras cuestiones, en el incumplimiento por parte de la empresa Snowmountain de las cláusulas administrativas para contratar con las Administraciones públicas, al no estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La firma tampoco abonó el canon de 2018 y 2019.

La sentencia rechaza todos los argumentos de la empresa, además de «llamar la atención sobre el informe elaborado a instancias de la Junta de Castilla y León en noviembre de 2019, en el que se recoge el resultado de la inspección de las instalaciones y en el que de manera clara... se señala que las instalaciones -los remontes- no cumplen con la reglamentación aplicable». En contra de las pretensiones de Snowmountain, que consideraba que era obligación del Ayuntamiento espinosiego «el mantenimiento correctivo consistente en la reparación y/o reposición de elementos, equipos y materiales», el juez señala que «el pliego de condiciones técnicas dispone que el concesionario será el responsable del adecuado mantenimiento de las instalaciones y de la seguridad de las personas».

Además de ello, el juez señala que la empresa presentó un «proyecto de explotación en el que hace referencia a lo que se propone llevar a cabo y a lo que está dispuesto a hacer, al plan de medidas de seguridad, al plan de mantenimiento de las instalaciones, tanto preventivo como correctivo...». Y a ello añade que «este proyecto de explotación, que, forma parte de la oferta presentada por la entidad demandante, le obliga por tener un contenido contractual claro». Asimismo, el juez en su sentencia indica que las obligaciones del contratista, cuyo incumplimiento era motivo para la resolución del contrato, eran «la de prestar el servicio con continuidad y garantía de seguridad y cumplir en su integridad el contenido del proyecto de explotación, añadiendo como obligación esencial el cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral y de Seguridad Social».

La firma achacaba al Consistorio la responsabilidad de que no hubiera podido atender sus obligaciones con la Seguridad Social de sus trabajadores, al haber «incumplido su obligación de poner a disposición del adjudicatario las instalaciones en un estado que permitiera el uso de las mismas». Asimismo, presentó facturas de gastos de mantenimiento por valor de 117.967 euros, pero el juez le replica que «no se establece ninguna obligación contractual de la que se deduzca que esas instalaciones tengan que ser mejoradas, reparadas ni revisadas» por el Ayuntamiento.

Sin remontes. Y también recuerda a la empresa que «no era desconocedora de las instalaciones ni del estado de funcionamiento en el que se encuentran en el momento de la entrega, en cuanto que las había explotado en la temporada precedente, la 2015/2016». El segundo contrato lo firmó en noviembre de 2016 por un periodo de 15 años. El juez recuerda que las instalaciones «estaban en condiciones de funcionar» porque así lo hicieron en las campañas invernales del 16/17 y 17/18. Ya en la temporada 19/20 permanecieron cerradas, al exigir el concesionario que se realizaran inversiones públicas para poder seguir adelante. En febrero de 2020, el Consistorio resolvió el contrato y ahora tiene las instalaciones a su disposición.

No obstante, los remontes con más de 50 años de uso, están destrozados y ya no hay recambios para ellos, mientras que el equipo de gobierno, en ningún caso, se plantea invertir 400.000 euros en un telesilla nuevo. Así las cosas, las pistas de esquí seguirán cerradas, pero el Ayuntamiento está invirtiendo 40.000 euros en el refugio para acondicionar sus cinco dormitorios y otras dependencias. La intención del equipo de gobierno es licitar la explotación de la cafetería y el alojamiento «antes de final de año», una vez acaben las obras y se instale el nuevo mobiliario. Ya hay emprendedores interesados que plantean aprovechar el potencial de Lunada durante todo el año y en invierno con esquís de travesía o raquetas, entre otras opciones. Como máximo, la idea municipal es reparar el telecuerda para niños.