La inversión preferida de los españoles

Carlos Cuesta (SPC)
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La compra de una vivienda es una de las prioridades más importantes de las familias y los ahorradores por la seguridad y la revalorización que representa y por las ventajas que conlleva frente a otros productos como los planes de pensiones

La inversión preferida de los españoles

El sector inmobiliario vive uno de sus mejores momentos después de remontar la pasada crisis del ladrillo. Según uno de los mayores bancos europeos, la entidad francesa BNP Paribas Real Estate, la inversión en activos inmobiliarios encadenará en 2019 en España su cuarto récord anual consecutivo con una cifra de negocio que superará los 12.000 millones de euros.
Tal como asegura el banco galo, la compraventa de inmuebles se saldó en la primera mitad del año con un crecimiento del 19% respecto al mismo período del año anterior y representó una cifra de negocio superior a los 5.000 millones de euros.
Los economistas aseguran que la compra de un bien residencial es la inversión preferida de los españoles. De hecho, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó recientemente que un 82% de los ciudadanos tiene clara la idea de tener un piso en propiedad a lo largo de su vida y para un 60% es la mejor manera de ahorrar, frente a otros productos financieros como los valores del Ibex 35, que el pasado año se depreciaron un 15,43%, o los fondos de ahorro y de pensiones cuyo riesgo para una persona que no es experta en la materia es alto -en 2018 perdieron más de un 7% de media- y, además, no garantizan ningún tipo de rentabilidad segura, aparte de las comisiones que carga la banca y el pago de los impuestos a Hacienda en el momento de su rescate. En este contexto, la escalada de precios en el sector en España continuó en el primer trimestre del año pese a que las operaciones de compraventa se ralentizaron en casi todas las comunidades autónomas, según avanzó el Consejo General del Notariado.
Las transacciones a escala nacional en el primer semestre de 2019 mantuvieron un alza interanual moderada del 1,7%. Sin embargo, en los últimos dos años su progresión había oscilado entre el 6,6% mínimo del último trimestre de 2018 y el aumento del 20,4% registrado en el primer trimestre de 2017.
A pesar de la ralentización en este último semestre, los precios por metro cuadrado aumentaron un 3,7% a nivel nacional y ascendieron a una media de 1.427 metros cuadrados. El mayor encarecimiento se registró en Galicia y Baleares, con revalorizaciones del 17,7% y 11,7%, respectivamente, seguidos por Cataluña (+8,8%).
En Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Murcia o Cantabria las subidas se situaron entre el 4% y 7%; y presentaron descensos en las Islas Canarias (-3,6%), Castilla y León (-2,3%), Aragón (-1,6%) y Navarra (-1,5%).
Nueva ley hipotecaria. El panorama para el segundo semestre presenta una cierta incertidumbre después de que el pasado 17 de junio entrara en vigor la nueva Ley Hipotecaria que pretende dar mayor transparencia al cliente frente a la letra pequeña de los préstamos que se firmaban hasta ahora.
Se trata de corregir y evitar lo que tan mala imagen ha dado a los bancos, además de costosos procesos judiciales como, por ejemplo, el de las cláusulas suelo.
En este sentido, el director de hipotecas del portal inmobiliario Idealista, Juan Villén, sostiene que la reforma vela para que el consumidor entienda lo que firma y los riesgos que asume al contratar un crédito vivienda. 
Nadie duda de la buena intención del legislador para proteger tanto al cliente como a la entidad financiera, sin embargo, en la práctica, conlleva importantes cargas para la banca que ahora tiene que asumir por ley como, por ejemplo, los gastos de notaría, gestoría, registro y actos jurídicos documentados, lo que supone para el hipotecado un ahorro de entre 500 a 1.000 euros. 
Ante esta realidad, las entidades están manteniendo un endurecimiento de las condiciones de financiación elevando la comisión de apertura y el tipo de interés y bonificándolo luego con productos como un seguro de hogar, uno de vida, la nómina o, incluso, con la contratación de una alarma que pueden encarecer hasta 12.000 euros un crédito en los primeros 10 años. 
El efecto es una reducción en la firma de escrituras de compraventa que afecta especialmente a los segmentos más jóvenes y a los autónomos que, en la mayoría de las ocasiones, no disponen de unos ahorros de entre el 40% y el 20% del coste total de una vivienda, sin incluir los impuestos ni tampoco una nómina que acepte el banco en la operación, por lo que si no presentan una aval el estudio de riesgo de su hipoteca será negativo.
Así, por ejemplo, para un piso de segunda mano de unos 130.000 euros, un ciudadano precisaría un 8% más para impuestos -un 10% en nueva construcción- y un 2% añadido para la parte que le corresponde por gastos de notaría, tasación, registro y gestoría. El banco tan solo le financiaría el 80% o el 60% y si hay dudas de solvencia, la entidad deniega la hipoteca. 
En conclusión, el mercado inmobiliario representa un segmento fuerte en la economía nacional que, pese a la incertidumbre actual de la nueva ley, superará las dificultades, aunque, los que no tengan los ahorros mínimos precisarán un avalista.