La Fundación General de la Universidad de Burgos llevará ante la Fiscalía las cuentas de esta institución tras detectar supuestas irregularidades contables y laborales en la gestión de su anterior gerente, Javier Fierro, según anunció ayer el rector, Manuel Pérez Mateos, a los miembros del Claustro. Paralelamente, el Rectorado abrirá un expediente de información reservada para llegar hasta el final en aras de garantizar la máxima transparencia y se sumará a la denuncia.

En los próximos días se pondrá en manos del fiscal toda la documentación que se ha ido recopilando para que sea la Justicia la que determine si ha habido o no delito.  El nuevo gerente afirmó que se han encontrado problemas en la gestión de los títulos propios y en contratos del artículo 83 (los firmados entre la universidad y las empresas) relacionados con la retribución del profesorado sin justificar, pagos elevados a empresas o gastos de equipamientos sin inventariar, así como irregularidades contables en subvenciones y falta de auditorías externas. «Dada la gravedad, debemos respetar la presunción de inocencia, pero también apoyar decidida e incondicionalmente a la Justicia y a los servicios de control e inspección», señaló el rector, al tiempo que se puso a disposición del patronato de la Fundación para realizar las auditorías e informes necesarios y establecer mecanismos de control para que en el futuro «no se repitan las ilegalidades e irregularidades»

Pérez Mateos explicó que en julio de 2016 encargó al anterior gerente de la Fundación la elaboración de un plan para mejorar la Fundación, incrementar su transparencia y aumentar su relación con la empresa y la captación de recursos y subvenciones. En marzo de 2017, al no haber presentado el plan, le propuso otro elaborado por el propio equipo rectoral y dio un plazo de un año para su ejecución. Tampoco se produce ningún avance y en marzo de 2018 pierde la confianza en Fierro y se le rescindió el contrato.

En mayo de 2018 se contrató a Jorge Izquierdo como nuevo gerente y se le hizo la petición de elaborar un plan estratégico y también una auditoría sobre los procedimientos contables y laborales de la gestión anterior. Paralelamente se contrató a dos consultores externas (Deloitte y Euroasesores 365) para evaluar la gestión. En sus informes pusieron de manifiesto «múltiples irregularidades contables y laborales». «Entre las actuaciones indicadas por las consultoras se propuso la necesidad de regularizar los remanentes de un título propio, lo que generó la investigación», añadió el rector.

Justo hace un año, el actual gerente presentó al patronato los informes de la consultoras y las medidas correctoras puestas en marcha. Pasados siete meses, en julio de este año se descubrieron «indicios de irregularidades graves». El 10 de diciembre, el gerente presentó un informe inicial con esas supuestas irregularidades y una consulta previa a dos abogados penalistas confirmó que existían «elementos indiciarios de presunta comisión delictiva en tres ámbitos: retribución del personal de uno de los títulos, subcontratas y artículo 83 (contratos de la universidad con empresas», señaló.

El Patronato de la Fundación acordó por unanimidad transferir todo el expediente a la Universidad, dado que la Fundación actúa como delegada en la gestión de títulos propios y también a la Fiscalía. En un principio los hechos afectan al anterior gerente, a los coordinadores de uno de los títulos propios y a un grupo reducido de profesores por el artículo 83.  El rector mostró su temor a que estos hechos afecten al prestigio de la institución y defendió que se actúe bajo códigos de «buen gobierno».