La crisis generada por la pandemia de coronavirus golpea fuertemente en el país a todos los sectores. Cada cual ha visto como sus funciones laborales se han visto trastocadas o suspendidas. En el caso de las auxiliares de ayuda a domicilio de la provincia -cuya función consiste en ayudar en el ámbito socio-sanitario en el hogar a personas con necesidades especiales- las bajas voluntarias de los usuarios ante el grave peligro de contagio han provocado que parte de su salario se descuente por los servicios no prestados. Una de las empleadas que se encarga de asistir en cinco pueblos de La Bureba, Verónica Lorenzo, confiesa que en cuestión de días ha pasado de atender a ancianos en siete viviendas a hacerlo en tan solo tres. «Esta crisis ha provocado que mi trabajo se reduzca a la mitad», afirma.
Pese a que su empresa, Sacyr Social, le ha proporcionado equipos de protección individual adecuados para ejercer su trabajo -guantes, mascarillas, patucos y batas- es consciente de la gravedad del asunto y de la posibilidad existente de transmisión de COVID-19. «Cuando supimos que en Poza de la Sal había dos casos de infectados me dijeron que por el momento no fuera», manifiesta.
Aunque se ha visto obligada a dejar de visitar a algunos de ‘sus abuelos’ mantiene el contacto telefónico con ellos a diario. «Están deseando hablar y esperan la llamada con muchas ganas», añade. Sin embargo, aquellos que cuentan con su ayuda la esperan deseosos para pasar un rato agradable. «¡Qué ganas tengo de abrazarla y achucharla!», declara una usuaria.
Le consta de que aproximadamente una veintena de personas que solicitaron el servicio a principios de año no cuentan con el. «Esta situación puede llegar a ser desastrosa para las empresas y para el empleo de muchas de las compañeras que se están quedando en casa con vacaciones forzosas», apunta la empleada.
Comisiones Obreras denuncia que Sacyr Social no ha proporcionado equipos de protección adecuados a las trabajadoras al igual. También el abandono de la Diputación a las empleadas que se quedarán sin parte de su salario. El resto de diputaciones de la región abonarán el 100% de los sueldos.