La práctica totalidad de la plantilla del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha hecho público su malestar por la decisión de Sacyl de anular el examen a través del cual podrían haber consolidado sus plazas -es decir, ser fijos- por un error solo achacable a la organización de la oposición. Estos jóvenes médicos, algunos de los cuales llevan más de una década de interinidad o encadenando contratos basura de los que se firmaban por meses, han presentado un recurso de alzada contra una situación que consideran injusta y de la que no son culpables.
Tras once años sin convocarse una oferta pública de empleo en su especialidad, finalmente se fija la fecha del examen para junio de 2020, que posteriormente se retrasó debido a la pandemia. Por fin, el 11 de abril de este año se presentan a la prueba en Ávila y durante el desarrollo de la misma (un test) alguien hace notar que 23 de las 150 preguntas estaban fuera del temario y se correspondían con Cardiología y no con Angiología y Cirugía Vascular. En ese mismo momento todos los presentes acuerdan que esas preguntas se anulan, se compensan con otras que había de reserva y se continúa con la prueba. La sorpresa llega cuando el pasado 12 de julio, el tribunal calificador acuerda la anulación del ejercicio tras estudiar varias alegaciones que se presentaron al mismo.
Para estos profesionales ha sido un auténtico mazazo porque por fin veían algo de esperanza de cara a mejorar su situación laboral y a terminar con un desgaste personal importante, ya que llevaban meses compaginando muchas horas de estudio con el trabajo apoyando al HUBUen la atención a la covid-19. «Nadie nos ha pedido disculpas ni se hace responsable de lo ocurrido, sobre lo cual nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, al revés, como se ve, somos las víctimas», explicó Mónica Herrero, que lleva once años como interina en el servicio, primero en el Hospital General Yagüe y desde 2012 en el HUBU.
La plantilla de Cirugía Vascular la conforman ocho médicos, de los que solo tres tienen plaza (uno de los cuales está en excedencia) y los otros cinco son interinos. «Esta decisión es profundamente injusta porque supone un auténtico desgaste y una sobrecarga y hasta un esfuerzo físico, económico y de conciliación de la vida laboral y la personal porque nos hemos tenido que poner a estudiar otra vez», añade Herrero, que también critica que con una prueba tipo test se pueda valorar el conocimiento que se tiene sobre la especialidad ya que hace unos años se valoraban los méritos: «Nos están maltratando. Luego se preguntan por qué no hay médicos en Castilla y León y la respuesta es que nos dan muy pocas facilidades cuando nosotros lo que queremos es trabajar, estudiar bien los casos y dar la mayor calidad a los pacientes».
Si su recurso de alzada -por el que piden que se deje sin efecto la anulación de la prueba- no tiene eco estarán obligados a hacer de nuevo el examen el 26 de septiembre. La Administración tiene tres meses para contestar y los afectados se están planteando acudir al contencioso-administrativo para pedir responsabilidades.