La Junta de Castilla y León ha resuelto desde 2014 un total de 78 procedimientos y 58 con sanción de los 99 incoados a granjas porcinas de más de 2.000 animales por incumplimiento de normativa medioambiental, 43 de ellos por no cumplir con el tratamiento de residuos, pero afirma que no se ha producido un incremento de la contaminación por nitratos en las aguas en los últimos años debido a la proliferación de granjas de porcino.

El debate sobre la ganadería extensiva y la de macrogranjas o intensiva se ha colado en el debate de las elecciones anticipadas en Castilla y León para el próximo 13 de febrero tras unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario The Guardian en relación a la calidad de la carne producida en las grandes explotaciones. 

En su desglose por provincias, se abrieron once expedientes en Ávila, con seis sanciones, una por residuos; en el caso de Burgos, fueron 32 los expedientes, con once con sanción, ocho por residuos; en Salamanca, hubo 35 expedientes, 26 con sanción, de ellos 23 por residuos; en Segovia, nueve expedientes, cuatro con sanción, todos por residuos.

En el caso de Soria, se abrieron en ese periodo ocho expedientes, siete con sanción, cinco por residuos; dos expedientes en Valladolid, ambos con sanción por residuos; otros dos en Zamora, también con sanción. En el resto de provincias no figura la apertura de ningún expediente por el impacto ambiental de granjas porcinas de mayor tamaño.

Así, en resumen, se abrieron 99 expedientes, de los que se han resuelto 78 y 20 se han archivado, con un total de 58 con sanción, de ellos 43 por residuos en las siete provincias (Ávila, Burgos), Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), según la respuesta parlamentaria de la Junta de Castilla y León a una pregunta de la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, conocida por Ical.

En su respuesta, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explica que el principal impacto de los purines en el territorio y los recursos naturales se centra fundamentalmente en el agua, cuyas competencias recaen en las confederaciones hidrográficas que envían anual mente a la Junta datos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, para proceder, en su caso, a la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario.

Zonas vulnerables

Al respecto, precisa que mediante un decreto de junio de 2020 se designaron las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a aquellas que superaran el valor de 50 mg/l de nitratos en aguas y que de forma inequívoca o al menos en parte, era provocado por la actividad agropecuaria.

Del análisis de las zonas vulnerables declaradas y la densidad ganadera, no hay una relación directa entre ambas, por lo que entiende la Consejería que la contaminación difusa por nitratos obedece a la aplicación en los campos agrícolas de cantidades de abonos nitrogenados por encima de las necesidades reales de los cultivos.

Como detalla, estos abonos pueden ser estiércoles o abonos de origen químico, y lo previsible es que, en ausencia de actividad ganadera en el entorno próximo, se utilicen abonos químicos y que estos sean el origen de la contaminación en esas zonas.

Por ello, concluye que no se ha producido un incremento de la contaminación por nitratos en los últimos años debido a la proliferación de granjas de porcino, habiéndose identificado las zonas contaminadas anteriormente existentes a medida que se ha ido desarrollando la red de control piezométrico de las confederaciones hidrográficas.

En relación a las emisiones de amoniaco, a partir de los inventarios nacionales de emisión realizados por el Ministerio competente en materia de medio ambiente, explica que es un gas que, a concentraciones medias o bajas, que son las que previsiblemente se podrían dar en el entorno de las grajas, carece de efectos sobre la salud de las personas o estos efectos son poco significativos salvo para personas trabajadoras de las granjas que están sometidos a una mayor exposición.

Finalmente, concluye la Consejería que, en el marco de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos aprobadas por la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, se cumple con el objetivo de la reducción de las emisiones.