Transparencia, imparcialidad y especialización son los tres pilares más importantes sobre los que Santiago Mena pretende sustentar su mandato al frente de la Fiscalía Superior de Castilla y León. Reconoce que aún tiene que «cambiar el chip» después de 13 años al frente de la de Burgos, pero ya comienza a hablar en clave regional.

¿De qué manera cambia a partir de ahora su trabajo como fiscal?   
La función es completamente distinta. Hasta ahora estaba al frente de  una institución provincial y a partir de ahora no solo voy a tener que  coordinar ésta y las otras nueve de la Comunidad, incluido el área de Ponferrada, sino que debo atender también a los asuntos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. También paso a ser el encargado de las inspecciones de toda la región.

¿Qué deficiencias había notado en la Fiscalía de Burgos? Imagino que ahora podrá rectificarlas.   
Todas las provincias tienen sus carencias y las canalizan a través del fiscal superior, pero la realidad es que esta figura que ahora ocupo solo hace de interlocutor con la Fiscalía General del Estado. En Burgos, lo más urgente es terminar la oficina fiscal. Paradójicamente es la única en Castilla y León que no la tiene por una cuestión burocrática. Imagino que el que me sustituya en el anterior cargo insistirá en ello. Pero solucionarlo no es mi competencia. 

Otro de sus retos, según anunció, es reforzar la especialización de los fiscales. ¿Va a crear más secciones para combatir algún delito específico?
En principio no. A nivel regional no es necesario crear un fiscal delegado de cada materia, como sí ocurre en cada provincia en base a su casuística.En cualquier caso, no partimos de la nada y lo que quise decir en mi discurso es que voy a pelear por continuar en esta línea de especialización. Eso sí, sin descuidar el resto de asuntos que, en el fondo, son los que más preocupan a los ciudadanos.

¿Ni siquiera ve necesario crear un delegado que coordine a nivel regional los delitos informáticos, teniendo en cuenta su crecimiento?
Ahora mismo no, pero estamos abiertos en un futuro. Hay especialistas provinciales que son los mejores en ese campo para investigarlos. Y no solo en esta tipología, también en medio ambiente, menores, violencia de género, delitos de odio, etc. 

El Ministerio Público está siendo protagonista en la pandemia, principalmente con la investigación a las residencias de ancianos. En Burgos se abrieron unas seis diligencias. ¿Alguna ha culminado en un proceso penal?
No, todas han sido archivadas porque ninguna tenía una base para acusar a ninguna residencia desde el punto de vista delictivo. No hemos encontrado mecanismos para exigirles una responsabilidad. En cualquier caso, a los denunciantes les hemos advertido de que hay otras vías judiciales, como la administrativa o la civil, a la que pueden acudir. No obstante, el control y la vigilancia de estos centros es competencia nuestra ya desde antes de la covid-19. Ya hacíamos inspecciones y seguiremos haciendo.

(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)