Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido un auténtico salvavidas para miles de empresarios y autónomos de todo el país durante la pandemia. Sin embargo, hecha la Ley, hecha la trampa. La Inspección de Trabajo ha contabilizado desde el inicio de la crisis sanitaria, y a lo largo y ancho de la provincia, un centenar (99 en concreto) infracciones en esta materia.
Compatibilización de trabajo y prestación o falta de comunicación de las altas a la Seguridad Social son las principales motivaciones que llevan a los empleados públicos a denunciar a las compañías. Desde que el Ministerio empezó sus campañas de control y vigilancia ha recaudado, solo en Burgos, cerca de 270.000 euros. La provincia lidera el número de multas a nivel regional, ya que soloLeón, con 20 menos, se acerca algo a sus parámetros. No obstante, Trabajo ha recibido de las compañías infractoras leonesas casi medio millón de euros, por lo que se desprende que las carencias que han detectado en ese territorio son más graves que las burgalesas.
Muchos aún en cola. En cuanto a los expedientes que se han generado por detectar infracciones, el Ministerio contabiliza hasta 800, de los cuales 608 ya se han resuelto. En muchas ocasiones los técnicos requieren más información a las empresas, que tras justificar sus decisiones o conductas, se libran de la multa o acaban no teniendo otro remedio que pagarla.
En el conjunto del territorio nacional destacan las 564 infracciones destapadas en Madrid, con un reporte a las arcas estatales de 2,7 millones de euros. También en la lista de provincias con más trabajo para los técnicos del Ministerio se encuentra Alicante (313), Valencia (311), Málaga (298), Las Palmas (285) o Murcia (279). Se trata en todos los casos de economías basadas principalmente en el turismo y comercio, dos de los sectores donde el Gobierno ha puesto más desempeño a la hora de controlar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
En el otro lado de la balanza destaca el cumplimiento de los empresarios de Teruel, donde a pesar de los 57 expedientes generados, todos ellos resueltos, no se ha tramitado multa alguna. También es notable que de los 445 partes levantados en Cáceres, 434 ya concluidos, apenas 8 se hayan traducido en infracciones por 18.192 euros.