Hace 30 o 40 años era habitual que los jueces de paz tuvieran que salir a toda prisa en plena comida familiar ante cualquier asunto en el que se requiriera su presencia. Eran tiempos en los que los pueblos más pequeños de la provincia de Burgos rozaban, e incluso algunos superaban, los 1.000 habitantes. La labor de esta figura ha ido perdiendo protagonismo en la misma progresión en la que los municipios se han ido despoblando. No es de extrañar que en los últimos 10 años los 364 juzgados de paz hayan visto cómo el número de asuntos se han reducido un 40%. El pasado año, estos órganos asumieron 9.391 asuntos, unos 5.000 menos que en 2008. También son más nimios los casos que tramitan y su labor se reduce, fundamentalmente, a las relacionadas con el registro civil. Esto quiere decir que apenas se celebran ya juicios de faltas en los municipios.
Si nos atenemos a los datos del Consejo General del Poder Judicial, el pasado ejercicio los juzgados de paz ingresaron 4.838 asuntos civiles y 4.601 penales, lo que equivale a una media de 25 por cada uno de ellos. Estos órganos resolvieron el 99% de los casos, la gran mayoría por exhortos, aunque hubo también actos de conciliación. No se registró, sin embargo, ningún juicio verbal. Esta dinámica se repite a lo largo de los últimos años. De hecho, en el último lustro este tipo de resolución de conflicto ha caído en picado y tan solo se celebró uno en el año 2016.
Hay que remontarse hasta el año 2014 para ver una mayor influencia de los jueces de paz a la hora de resolver los conflictos con sus ciudadanos. Entonces, se celebraron 87 juicios, 35 civiles y 52 penales. Tanto desde las agrupaciones judiciales como desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, explican que la razón de este descenso es que, además de caer la población, los responsables de los órganos de decisión de los pueblos suelen ser mucho más conciliadores, en el sentido de que les recomiendan a las partes enfrentadas que no entren en un conflicto legal porque van a perder tiempo y, sobre todo, dinero.
En la provincia de Burgos hay un total de 17 agrupaciones judiciales que a su vez engloban a 346 juzgados de paz, uno por cada municipio. Oña y Castrojeriz son las que más pueblos tienen a su cargo, con 39 y 31 respectivamente. Los responsables, cuyo cargo dura cuatro años -después pueden renovar sine die o dar paso a una nueva persona-, cobran poco más de 1.000 euros anuales en las localidades de menos de 2.000 habitantes. La cantidad sube unos 600 euros para los que tienen entre 2.000 y 5.000 vecinos, y otros 500 para aquellos de más de 5.000 lugareños. Esto significa que al Ministerio de Justicia le cuesta esta función alrededor de 400.000 euros por ejercicio.
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